El Mundo: El juez imputa a mandos de los Mossos por su pasividad el 1-O
El Juzgado de Instrucción número 2 de Sabadell ha comenzado a imputar a inspectores, subinspectores y comisarios de los Mossos d»Esquadra por permitir el referéndum ilegal del pasado 1 de octubre.
El magistrado ha ordenado a la actual dirección del Cuerpo identificar «en un plazo máximo de cinco días» a los responsables de algunas de las denominadas Salas Regionales del Cuerpo que se encargaron de transmitir las órdenes operativas a los agentes desplegados en los puntos de votación.
El País: Urkullu propone el Concierto como referencia para la nueva financiación
El lehendakari, Iñigo Urkullu, considera que el Concierto Económico Vasco abre puertas en vez de cerrarlas. En plena tormenta de críticas por su aprobación en el Congreso de los Diputados antes de que el Gobierno aborde la nueva financiación autonómica, Urkullu propone usar el modelo vasco como una «referencia» para avanzar «en un nuevo sistema descentralizado» en el que los ingresos garanticen el Estado de bienestar en todas las comunidades. El lehendakari sostiene que la corresponsabilidad fiscal puede servir como base para lograr una financiación autonómica más eficiente.
La Vanguardia: Dos jueces definen hoy el futuro de Puigdemont y Junqueras
Carles Puigdemont y Oriol Junqueras han estado resfriados en los últimos días. Uno se mueve por Bruselas y alrededores con una especie de pasamontañas para combatir el frío. El otro se protege con un forro polar en la cárcel de Estremera.
Ambos son candidatos a la presidencia de la Generalitat en la campaña electoral que arranca esta medianoche, pero su participación –el cómo y el dónde- dependerá de la venia judicial respectiva.
El Confidencial: El Govern planeó financiarse con »fracking», energía nuclear y gases de efecto invernadero
El Govern de Carles Puigdemont buscó hasta última hora nuevas vías para financiar el Estado propio tras la declaración unilateral de independencia (DUI). El Departamento de Economía y Hacienda de la Generalitat, comandado por Oriol Junqueras, pretendía que la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) se quedara con los ingresos que capta el Estado a través de pequeños impuestos, como los que gravan los gases fluorados de efecto invernadero, la producción de energía eléctrica, las primas de seguros y hasta el polémico »fracking», la extracción de gas y petróleo mediante la inyección en el subsuelo de agua a alta presión.