El nacionalismo catalán lleva años diseñando distintos escenarios y estructuras para que el futuro Estado catalán, salido de un referéndum o de una declaración unilateral de independencia, funcione a la perfección desde el primer día. Una de las claves de una hipotética Cataluña soberana será la política de seguridad y de defensa, un asunto en el que los dos principales partidos que conforman el Gobierno catalán tienen diferencias dificiles de conciliar.
Mientras que Assamblea Nacional Catalana (ANC) -en la que ERC tiene un peso muy importante a través de cargos y ex cargos vinculados al partido y que está presidida por Carme Forcadell, ex edil de los republicanos- y el think tank nacionalista para temas de seguridad Centro de Estudios Estratégicos de Cataluña (CEEC), presidido por un alto ex el alto cargo de la Generalitat y ex responsable de los Mossos d’Esquadra, asesor ahora a ERC, apuestan por un Ejército en toda regla, al estilo del danés o el noruego; el presidente de la Generalitat, Artur Mas, tiene claro que el modelo a seguir es el de Costa Rica o Panamá, con una policía militarizada.
Mientras, en ERC se debaten entre un ejército convencional -que resultaría caro-, crear una fuerza de élite y contribuir a un sistema común de defensa europeo o llegar acuerdos de defensa con países como Francia.
La propuesta de más peso en cuanto al futuro ejército catalan, pequeño pero ampliamente operativo, es sin duda la de CEEC y en ella se basa la ANC para realizar sus informes. Mientras, que Mas solo ha dejado entrever su modelo en alguna ocasión, dejando claro que el ejército de Catalunya no es una prioridad, y se ha manifestado en alguna ocasión, confiado en que la Catalunya independiente no saldrá de determinadas instituciones, asegurando que “estamos dentro de un marco conjunto que es la OTAN y la UE, así que no tiene sentido destinar recursos a defensa cuando la tendencia es compartir recursos en seguridad y a escala militar”.
El informe Sellarés
El Centro de Estudios Estratégicos de Cataluña (CEEC), presidido por Miquel Sellarès, primer director general de Seguridad de la Generalitat de Cataluña, vinculado a los proyectos políticos de Jordi Pujol en los 70 y cofundador de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) y de Asamblea de Cataluña, una plataforma que nació como oposición a la dictadura franquista, asegura que la principal prioridad del ejército sería mantener la independencia del Estado catalán.
En un informe de 16 páginas, titulado La futura fuerza de defensa de Cataluña se establecen las bases de la futura política de defensa nacional, que sería parecida a la de países con dimensiones y población similares a la de Catalunya, como Noruega, Dinamarca o los Países Bajos.
¿Y cómo se financiaría el futuro ejército? Para el laboratorio de ideas presidido por Sellarés, la financiación no supondrá problema alguno, ya que asegura que el ejército se podría financiar con el dinero que Cataluña «regala» a Españar. Sin embargo, la cifra necesaria para sostener un ejército de entre 30.000 y 35.000 efectivos supondría un coste de entre 2.800 y 3.500 millones de euros -entre el 1,3% y el 1,6% del Producto Interior Bruto (PIB) catalán.
Con respecto al presupuesto de la Generalitat, supondría hasta un 17% de los 20.373 millones previstos para este año, lo mismo que, por ejemplo, dedica la Junta de Andalucía para educación. Sin embargo, apuntan los autores del estudio que Cataluña da un 10% de su PIB a España, 22.000 millones de euros.
Las prioridades
Los autores, que realizaron el informe con el objetivo de abrir el debate de la normalización de la defensa nacional, fijan como prioridad del ejército el mantenimiento de la integridad territorial y responder a cualquier amenaza y proteger a los ciudadanos catalanes, no sólo los que residen en Cataluña, también la de los 185.000 presentes en países de los cinco continentes.
La implantación de un Ejército catalán estaría basada en la necesidad de afrontar amenazas y riesgos, como la importante dependencia energética del exterior, la proliferación de armas de destrucción masiva, el terrorismo yihadista, la delincuencia organizada y la descomposición de los Estados debido a la corrupción, el abuso del poder y el debilitamiento de las instituciones. Los pasos a seguir son los de Quebec y Escocia, que, según señala el estudio, hace llevan años hablando de Ejército propio.
Industria militar
En el informe se asegura que el futuro despliegue militar tendría efectos positivos en la industria de defensa y en la I+D catalana, lo que supondría un incremento importante de ingresos. Y apunta que que empresas como Navantia, Airbus, Indra, Santa Bárbara o EADS se han instalado fuera de Cataluña por razones políticas, pero que esta situación podría cambiar con el nuevo escenario.
Para poder poner en marcha el ejército, serían necesarios hasta 35.000 efectivos, un número incrementable si se aplicase el servicio militar obligatorio. Admiten que la idea de un cuerpo armado dirigido desde la Generalitat no es tan descabellada, ya que los Mossos d’Esquadra suman e 15.000 efectivos, 24.000 con los policías locales.
Los pasos a seguir
El primer objetivo sería iniciar conversaciones diplomáticas para entrar en la OTAN y la Unión Europea. El segundo paso sería la creación de un Ministerio de Defensa y la incorporación a los programas de asesoramiento militar más prestigiosos.
Posteriormente se desarrollaría el organigrama del ministerio de Defebsa y se empezaría a captar a los componentes del nuevo Ejército, que tendrían que cumplir tres requisitos: haber nacido en Cataluña, hablar catalán correctamente y tener formación militar.
Diversa procedencia y con la nación catalana
Muchos de los mandos intermedios procederían de la Policía autonómica, pero asegura que también se aceptarían miembros de las Fuerzas Armadas españolas, «bien preparados gracias a su incorporación a la OTAN», previa selección de «aquel personal más crítico y comprometido con la nación catalana».
Sería necesarias tres nuevas leyes: la Ley de Defensa Nacional -que incorporaría las amenazas, la estructura y los procedimientos de activación de los instrumentos de Defensa-; el Reglamento de Reserva Territorial, que recogería los requisitos, misiones y procesos selectivos; y el Reglamento de Régimen Interior y Disciplinario, en el que se detallarían las escalas, categorías y las obligaciones de los militares.