El Gobierno catalán ha dado un paso más en su desconexión con el Estado español. Junts pel Si y la CUP han presentado hoy en el Parlament de Cataluña la ley de Transitoriedad Jurídica y fundacional de la República. Así lo han explicado hoy el portavoz de JxSi, Lluis Corominas, definiéndola como “la ley suprema” que se situará por encima del Estatut y las leyes estatales.
Los grupos independentistas han registrado la ley este lunes en el parlamento catalán. La propuesta consta de 89 artículos y tres disposiciones finales que permitirán decidir el camino que se tomará tras el resultado del 1 de octubre. En caso de que gane el ‘sí’, la ley permitirá llegar hasta la república catalana; en caso de que gane el ‘no’, quedaría anulada.
JxSi y la CUP han confirmado que la ley será aprobada en el Parlament de Catalunya antes del plebiscito del primero de octubre, lo que no han detallado es la fecha concreta. En una entrevista concedida a La Sexta, Joan Tardá ha confirmado que la decisión se produce porque “todos los ciudadanos tienen que saber las consecuencias del voto”. Desde los grupos independentistas detallan que el Parlament no está legitimado para nada más que gestionar el “marco jurídico” hasta las elecciones constituyentes, en caso de que la opción afirmativa triunfe en la consulta.
La ley de transitoriedad propone cuestiones como la amnistía de los políticos condenados por la consulta del 9 de noviembre; la desaparición el ejército español de territorio catalán, de forma que los Mossos D’Esquadra tomarían el control de aeropuertos y puertos; o la transformación del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en el Tribunal Supremo de la nueva república.
El ‘sí’ a la independencia convertiría la administración catalana en una única y reconocida como tal. Bajo su control estarían las competencias que actualmente tiene ya el Govern, las de la administración habitual del Estado y la de los ayuntamientos, que las respetarán. La redacción del texto da por hecho que una Cataluña independiente seguiría siendo miembro de la Unión Europea y se aplicará el derecho que sigue la unión. De esta forma explican que «La nacionalidad catalana no exige la renuncia de la nacionalidad española» de forma que buscan que “nadie se quede fuera de la ley”.
JxSi y la CUP no han confirmado en qué momento se tramitará la ley pero el texto sí que confirma que la aprobación saldrá adelante con una mayoría de 3/5 partes de Parlamento, menos de lo que se exigía para aprobar el Estatuto de autonomía. El texto dice que «en la segunda votación es suficiente con la mayoría absoluta». De forma que a partir de ese momento, el proceso se haría en tres fases: proceso participativo; elecciones constituyentes y propuesta de constitución por parte de una asamblea constituyente elegida en unas elecciones constituyentes; y ratificar el texto por referéndum.
La CUP pone fin al “procesismo”
El diputado de la CUP en el Parlament, Benet Salellas, que ha comparecido para presentar el texto, ha aplaudido este lunes la ley de transitoriedad jurídica. Desde la CUP consideran que es la más importante de las normas de ‘desconexión’. Su presentación como su aprobación previstas para antes del referéndum anunciado para el 1 de octubre suponen «el fin del procesismo» han explicado.
La CUP exigía que la transitoriedad jurídica se aprobara ante del 1 de octubre pero en JxSí había reticencias. Finalmente han apostado por aprobarla antes, y para Salellas esto «dinamita cualquier posible debate procesista, porque el escenario ya se ha fijado si gana el ‘sí».
Salellas defiende que podrá haber más participación el 1-O si los ciudadanos saben, antes de votar, las consecuencias de la victoria del ‘sí’: «Ahora ya saben que se activa esta transitoriedad».
Sánchez muestra su apoyo a Rajoy
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, han mantenido esta mañana una conversación telefónica a raíz de la presentación de la ‘ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la república’.
Así lo ha confirmado en rueda de prensa el portavoz del Partido Socialista, Oscar Puente, que ha explicado que ambos se han comprometido a mantener una comunicación fluida con el objetivo de poner en marcha, «en la medida de lo posible», una «respuesta conjunta» al desafío que supone.
A pesar de que se le ha preguntado expresamente por ello, Puente no ha querido aclarar si los socialistas estarían a favor de ordenar a las fuerzas de seguridad que impidieran ese simulacro de consulta, en caso de que finalmente se saquen las urnas. «No vamos a pronunciarnos sobre hipótesis», se ha escudado Puente.