La Justicia Europea puede hacer cambiar en 48 horas la ley hipotecaria española en favor del hipotecado. El Tribunal de Luxemburgo emitirá el jueves una resolución sobre el sistema hipotecario español, que se ha puesto en duda por contener cláusulas abusivas y no defender al consumidor.
El juez José María Fernández Seijo, titular de lo Mercantil 3 de Barcelona, ha sido el encargado de poner contra las cuerdas la normativa hipotecaria, cuyos principios se remontan a 1909 y que dan ventajas al banco por encima de cualquier acreedor para el cobro de los créditos hipotecarios.
El fallo del tribunal no obliga a un cambio de norma, pero sí presionaría al Gobierno a agilizar la reforma de la ley, mientras que los jueces tendrían base jurídica para resolver adaptándose a la directiva comunitaria. Lo que se argumenta para poner en duda la norma española es que el sistema hipotecario desprotege al consumidor porque anticipa la ejecución del desahucio a la resolución del proceso judicial.
En el ámbito jurídico hay mucha expectación ante el pronunciamiento de la sala europea, no solo por el fondo, sino porque se piensa que la sentencia puede ser un revés para el sistema español y forzaría a un cambio de óptica. Además, la abogada general del Tribunal, Juliane Kokott, dictaminó que la ley española de desahucios vulnera la normativa comunitaria porque no garantiza una protección eficaz de los consumidores frente a posibles cláusulas contractuales abusivas en las hipotecas. El tribunal suele apoyarse en sus informes en el 80% de los casos.
La letrada considera que la regulación procesal española no protege al consumidor contra posibles cláusulas abusivas en el contrato hipotecario. Argumenta que se desprotege al deudor al permitir que pierda la propiedad y se vea en la calle antes de que pueda presentar una acción por daños y perjuicios.
El tinte dramático que ha adquirido en España el problema de los desahucios demostró que los códigos de buenas prácticas bancarias no bastaron. El Gobierno se vio obligado a acordar una moratoria de dos años para los casos más graves, de familias en riesgo de exclusión social. Pero los juristas y parte del sector político insisten en que no son suficientes estas medidas de emergencia. Reclaman la reforma de una ley hipotecaria que expertos tachan de decimonónica y cruel.
La reforma de la ley hipotecaria se ha reclamado en el poder judicial. El Consejo del Poder Judicial emitió el pasado otoño un informe en el que se criticaban los abusos del sistema hipotecario a las familias con deudas. Jueces decanos y juristas han pedido medidas protectoras para el deudor de buena fe y una norma equilibrada para evitar la exclusión social y distribuya equitativamente las consecuencias de la crisis económica.
España tiene la legislación más lesiva para el consumidor en materia hipotecaria. Los países europeos tienen más de una alternativa que evitan que las familias se queden en la calle. Imponen más trabas para conseguir un crédito, pero una vez concedido, se protege al usuario y los interés de demora y las costas judiciales son más flexibles.