Parte del Govern catalán, cesado la semana pasada, dormirá en la cárcel esta noche. La jueza de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, ha acordado este juevez prisión incondicional y sin fianza, tal y como solicitaba la Fiscalía, para Oriol Junqueras, el vicepresident, y los exconsellers Meritxell Borrás (Gobernación), Jordi Turull (Presidencia), Raül Romeva (Asuntos Internacionales), Josep Rull (Territorio), Carles Mundó (Justicia), Joaquim Forn (Interior), y Dolors Bassa (Trabajo).
El único que podría evitar esta medida cautelar era Santi Vila, el que fuera responsable de Empresa en el gobierno catalán, que dimitió antes del pleno en el que el Parlament de Cataluña declaró la independencia. La juez Lamela ha impuesto una fianza de 50.000 euros para el exconseller pero Vila no ha depositado ese dinero por lo que también irá a prisión. Su abogado, a la salida del tribunal, ha informado que Vila no ha podido conseguir ese dinero y que también se está planteando presentarla por «solidaridad» con el resto de sus compañeros.
El Ministerio Público ha solicitado esta medida ante la gravedad de los hechos por los que se les acusa. La Audiencia Nacional está investigando los delitos de rebeldía, sedición y malversación de fondos públicos. La fiscalía considera que durante la declaración de independencía se llevío a cabo un proceso insurreccional al margen de las vías legales.
Posible «reiteración delictiva» o «destrucción de pruebas»
La jueza considera que es posible la «reiteración delictiva», la facilidad para la «destrucción de pruebas» o el «riesgo de fuga» como los motivos esenciales para aplicar la prisión sin fianza. La magistrada de la Audiencia Nacional señala que no «puede olvidarse el poder adquisitivo de los querellados que les permite abandonar facilmente el territorio español y subsistir en el extranjero».
La juez se apoya en el viaje de Puigdemont a Bruselas, explicando que «algunos de los querellados ya se han desplazado a otros países eludiendo las responsabilidades penales en las que pueden haber incurrido» para defender su decisión. Lamela señala que «los investigados vienen operando dentro de un grupo perfectamente organizado de personas, apoyados por asociaciones soberanistas con poder y capacidad para auxiliarles en su posible huída de la justicia»
Lamela aprecia «alta probabilidad de que los querellados puedan proceder a ocultar, alterar o destruir fuentes de prieba, teniendo en cuenta los cargos que han ostentado». Para después señalar el «alto riesgo de reiteración delictiva» ya que «se ha reincidido constantemente en actuaciones contrarias a resoluciones del Tribunal Constitucional».
En un principio, las primeras informaciones apuntaban a que los nueve miembros del Govern cesado irán a prisiones completamente diferentes de Madrid. Interior, minutos más tarde ha confirmado que los hombres irán a Estremera mientras que las dos mujeres procesadas irán a Alcalá Meco.