Se inflaron las preferentes y se emitieron cuando se consideraban un producto peligroso, un «bono basura», con el objetivo de lograr liquidez. Es el principal argumento de la acción penal que se está moviendo en el caso de las preferentes, que afectan a unas 150.000 personas.
Esa afirmación se recoge en la querella que ha presentado ante la Audiencia Nacional un empresario jubilado contra antiguos gestores de Bankia y reguladores. El despacho Jausas lleva este caso, que afecta a 14 exconsejeros y antiguos responsables de Caja Madrid, entre ellos, Miguel Blesa, y antiguos gestores de la CNMV, a los que se les acusa por estafa, maquinación para alterar el precio de las cosas y omisión del deber de denunciar un delito.
El denunciante toma como elemento de prueba que se comercializaron estos productos en 2009, una cuantiosa emisión de preferentes y deuda soberana por valor de 13.000 millones de euros, después de que Moody’s emitiera un informe que calificaba este producto como un bono basura.
Según la denuncia, Caja Madrid recomendó en mayo de 2009 al empresario que sustituyera sus depósitos de plazo fijo por preferentes con el argumento de que eran un producto seguro y sin riesgo y además se ajustaban a su perfil. El cliente destinó 170.000 euros.
A la querella se adherirán la mujer del empresario y otros particulares, empresas e instituciones afectados por participaciones preferentes. Denuncian que existía una apariencia de falsa seguridad en los productos que, según esta firma de abogados, afectó de forma generalizada a los adquirentes, con independencia de sus conocimientos financieros.
El letrado Jordi Ruiz de Villa asegura que el primer «engaño» al empresario se produjo en junio de 2009, antes de la firma de la orden de compra de las preferentes. En aquel mes, la agencia de calificación de riesgos Moody’s rebajó el rating de las preferentes hasta «bono basura».
Caja Madrid no informó de este hecho a los inversores ni les otorgó la posibilidad de revocar sus órdenes de compra. «Y todo ello en connivencia con la CNMV, encabezada entonces por Julio Segura», dice la firma de abogados.
El informe pericial también sostiene que el precio del mercado de las participaciones preferentes vendidas al empresario era el 77,86% del precio de colocación (valor nominal).
“La apariencia a los inversores de que el producto siempre tenía el mismo precio le confería una falsa sensación de seguridad y una apariencia de tratarse de renta fija y sin riesgo, lo que no era cierto en absoluto”, dice el abogado Jordi Ruiz de Villa.
En Galicia, el Ayuntamiento de Ribadeo ha llevado 600 denuncias de preferentes a la Fiscalía de Galicia para que investigue una supuesta estafa. En la querella se habla de fondos convertidos en preferentes, por ejemplo de ahorros infantiles, sin consentimiento de los particulares, o que tras finalizar el periodo de vencimiento para adquirir el dinero, los clientes no podían retirar los ingresos