Martes 06/06/2017.

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Las incógnitas del Proyecto Castor

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La concesión del proyecto Castor contaba con cláusulas excepcionales

  • El informe favorable de Medio Ambiente, de 2009, no consideró un apartado sísmico, pese a las denuncias, entre otros, del Observatorio del Ebro.
  • Tres informes alertaron del riesgo sísmico, pero se minimizó en el informe ambiental.
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  • El Instituto Geográfico concluye que hay una relación directa entre los seísmos y el Castor. EFE

Al menos tres informes previos a la concesión a Escal UGS de la explotación del almacenamiento subterráneo de hidrocarburos Castor el 5 de junio de 2008 alertaron al Gobierno socialista de la posibilidad de movimientos sísmicos y terremotos en la zona que podría provocar el fracking (fractura del terreno para la obtención de gas).

Sin embargo, el informe sobre impacto medioambiental elaborado por la Secretaria de Estado para el Cambio Climático, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, no tuvo en cuenta el apartado sismológico -pese a que incorporaba 141 escritos aportados por otras tantas asociaciones y particulares varios particulares alegando inseguridad por peligro de explosión y de terremotos. También se apuntaba riesgos importantes como afecciones a la salud por emisiones de partículas contaminantes, perjuicios para el turismo y de la imagen de los productos de la zona y daños a la pesca.

El informe de Medio Ambiente, hecho público un año y medio después de la concesión y al que tuvo acceso en exclusiva TeInteresa, destacaba que el proyecto "tenía la máxima categoría (A urgente), como proyecto necesario y prioritario para el sistema gasista español".

Pero pese a detallar numerosos informes y consultas negativas, tanto de organismos públicos, instituciones privadas y organizaciones ciudadanas, finalmente daba el visto bueno al proyecto y formulaba declaración de impacto ambiental favorable, a partir de una serie de modificaciones.

Los informes que se minimizaron

En octubre 2005, según consta en un documento elaborado Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), el Observatorio del Ebro de Roquetes -en el que participan el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Universitat Ramon Llull- alertó que la actividad contemplada por el proyecto "se considera a nivel mundial como potencialmente inductora de terremotos".

El Observatorio, como organismo consultado, reclamó a Medio Ambiente que incorporase un informe de riesgos sísmicos y la necesidad de estudiar la frecuencia y magnitud de la actividad sísmica, "incluyendo pruebas que aseguren que las presiones debidas a la
inyección no causen fracturas en las rocas".

Mientras, en enero de 2007, el Instituto Geológico Minero de España (IGME) validó a través de un informe los estudios técnicos que Escal UGS, presentó al  Ministerio de Industria para explotar el proyecto Castor. Sin embargo, el IGME dejaba patente que, aunque mínima, existía la posibilidad de que la falla de Amposta, edónde están ubicadas las instalaciones, se reabriera por la presión.

Según ERC, el IGME no mencionaba específicamente la sísmica inducida (la posiblidad de que la actividad pudiera desencadenar actividad sísmica, pese a que la empresa realizón campañas de sísmica 3D.

Otro informe, en este caso de la consultora internacional URS, incorporaba como petición del Ministerio de Medio Ambiente la necesidad de estudiar la actividad sísmica en la zona. Incluso la petrolera Shell, que exploto durante años el pozo en el que ha inyectado gas, advirtió a finales de los 80 que había actividad sísmica en la zona y alertaba de los riesgos del almacén.

Por último, Escal UGS ha admitido que contemplaba la posibilidad de que se produjesen microseismos durante la inyección de gas. La empresa era consciente de "riesgos e incertezas" durante el desarrollo del proyecto.

¿Por qué hay que indemnizar a la empresa?

La indemnización que tendrá que pagar el Estado a Escal UGS si definitivamente se cierra la plataforma de Castor asciende a un total de 1.693 millones de euros. Ésta cantidad es exactamente igual a la inversión realizada por la empresa operadora. La coincidencia se debe al contrato de concesión.

La adjudicación para explotar el almacén de gas de Castor fue regulada por el Real Decreto 855/2008, firmado por el entonces ministro de Industria, Miguel Sebastián. En la norma se establecen dos tipos de indemnizaciones para la empresa en caso de que el proyecto se paralice. Si el fin de la explotación se produce tras haberse causado daños a terceros o al interés general, el Estado pasará a ser el propietario de la instalación y tendrá que pagar al operador el equivalente al valor neto contable del proyecto.

Esto quiere decir que con el dinero de las arcas públicas tendría que pagarse al operador el total de su inversión excepto la pérdida de valor por el paso del tiempo. Ya que no se ha producido ningún deterioro, Escal UGS no perderá ni un céntimo si se cierra la actividad.

Otra de las cláusulas del contrato establecía una indemnización al operador incluso si el fin de la prospección se producía por negligencia de la empresa.

Es este apartado el que ha sido llevado al Tribunal Supremo por el actual departamento de Industria. Según el titular del ministerio, José Manuel Soria, la indemnización por negligencia es abusiva y podría contradecir el Código Civil. Esta cláusula se llevó a los tribunales antes de que comenzara a detectarse los seísmos del pasado mes de septiembre, pero el Supremo decidió no anularla.

Castor es el único proyecto de explotación gasística que contempla una indemnización para el operador incluso si éste comete una negligencia.


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