Carles Puigdemont y los cuatro exconsellers que siguen en Bruselas han comparecido hoy ante la justicia belga. El Tribunal, de primera instancia, tendrá que decidir sobre la euroorden que pide que sean trasladados a España para responder ante la justicia.
En una vista que no ha durado poco más de una hora, los cinco miembros del Govern cesado han llegado al órgano judicial sin ser vistos por la gran parte de los periodistas que esperaban dentro del edificio. Los equipos gráficos han intentado acercarse a los exmandatarios pero se ha desplegado un fuerte dispositivo de seguridad en las inmediaciones del tribunal.
Las palabras exactas de la comparecencia no han transcendido pero la posición desde la defensa es clara: es escrito de Lamela no es correcto y se agarrarán a eso. Desde la Audiencia Nacional señalan cinco delitos en la euroorden a pesar de que están siendo investigados solo por tres: malversación, sedición y malversación de fondos públicos. Los abogados buscarán la posibilidad de alegar “persecución política”.
Un paso más para alargar el procedimiento y evitar que Puigdemont y el resto de exconseller vuelvan a España. El juez no ha tomado una decisión y deberá resolver ante las posiciones que tomen las partes
La fiscalía pide que vuelvan a España
La Fiscalía belga ha apoyado este viernes la entrega a España del expresidente y de los cuatro exconsejeros belga por todos los delitos que le imputa la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela –incluyendo los de rebelión y sedición, que no están en el ordenamiento jurídico belga. Lo que sí ha hecho el ministerio público es excluir el delito de prevaricación.
«La Fiscalía ha pedido la ejecución de la orden europea salvo para un hecho, que es el de prevaricación tal y como se recoge en el mandato de detención español» ha explicado uno de los letrados de la defensa.
El Ministerio Público ha considerado que el resto de delitos por los que España reclama a Puigdemont, Lluís Puig, Clara Ponsatí, Meritxell Serret y Toni Comín encajan en el ordenamiento jurídico belga en las calificaciones penales de «coalición de funcionarios» y «malversación por funcionarios», según ha adelantado la defensa de los requeridos.