Amnistía Internacional ha denunciado hoy la disparidad en el gasto comparado en control de fronteras y atención a refugiados. Según las cifras aportadas por la organización, la UE gastó casi 2.000 millones de euros en proteger sus fronteras externas entre 2007 y 2013 y sólo 700 millones de euros en mejorar la situación de los solicitantes de asilo dentro de las fronteras comunitarias en el mismo periodo de tiempo.
De entre todos los países europeos, señala Amnistía, España es uno de los que presentan una mayor diferencia entre ambos indicadores: 289.394.768,35 euros frente a 9.342.834,5 euros entre los años 2007 y 2013, lo que significa que el gasto para control fronterizo supera en 32 veces el dinero destinado a la atención a los refugiados.
Los datos han sido aportados en el informe «El coste humano de la fortaleza Europa; violaciones de Derechos Humanos en las fronteras de Europa contra personas migrantes y refugiadas», en el que se destacan también otras conclusiones importantes: casi la mitad de las personas que tratan de entrar irregularmente huyen del conflicto o la persecución en países como Siria, Afganistán, Eritrea y Somalia
La organización denuncia las políticas migratorias de la UE y sus prácticas de control de fronteras impiden a las personas refugiadas acceder al asilo en la UE y las obliga a poner sus vidas en peligro en travesías cada vez más peligrosas.
“La eficacia de las medidas de la UE para contener la afluencia de personas refugiadas y migrantes en situación irregular es, como mínimo, cuestionable. Mientras, el coste en vidas humanas y sufrimiento es incalculable y lo pagan personas que se encuentran entre las más vulnerables del mundo», afirma John Dalhuisen, director del Programa para Europa y Asia Central de Amnistía Internacional.
El informe denuncia, por ejemplo, la cooperación de la UE y sus Estados miembros con países vecinos –como Turquía, Marruecos y Libia– para crear una zona de contención en torno a la UE e intentar detener a personas refugiadas y migrantes incluso antes de que lleguen a las fronteras de Europa.
«Básicamente, los países de la UE están pagando a sus vecinos para que vigilen sus fronteras por ellos«, ha afirmado Dalhuisen, «el problema es que muchos de estos países con frecuencia son incapaces de garantizar los derechos de las personas refugiadas y migrantes que están atrapadas en ellos, muchas de las cuales terminan en la indigencia, explotadas, acosadas y sin poder acceder a procedimientos de asilo.»
La organización insta a los Estados miembros a cumplir con su obligación en materia de derechos humanos hacia quienes tratan de entrar en su territorio, «Es preciso que tal cooperación termine., afirma este portavoz.
Denuncian las «devoluciones en caliente»
La organización expone también en el informe sus críticas hacia las «devoluciones en caliente». Amnistía Internacional ha documentado “devoluciones en caliente” efectuados por guardias de fronteras en Bulgaria y especialmente en Grecia, donde se trata de una práctica muy extendida.El informe se remite, en el caso español, a la muerte de 15 inmigrantes en la frontera de Tarajal, el pasado mes de febrero.
Las “devoluciones en caliente” son ilegales, niegan a las personas el derecho a solicitar asilo, suelen implicar violencia y en ocasiones incluso ponen vidas en peligro, recuerdan desde Amnistía, apuntando también que el número de personas desplazadas que hay en la actualidad es el mayor desde el final de la segunda Guerra Mundial.
«Es preciso proporcionar a las personas refugiadas otras formas de entrar de manera segura y legal en la UE para que no se vean obligadas a emprender peligrosos viajes», dicen desde la ONG.
Amnistía recuerda que, ante el incremento de medidas para controlar la llegada de inmigración a través de las vías terrestres, cada vez son más las personas refugiadas y migrantes que optan por las rutas marítimas, más peligrosas, para llegar a Grecia e Italia.
En 2013, apunta, más de 400 personas perdieron la vida cuando trataban de alcanzar la isla italiana de Lampedusa. La operación de búsqueda y rescate «Mare Nostrum», desarrollada a partir de entonces, ha rescatado a más de 50.000 personas.
«Pero no es suficiente», dicen desde AI, «sólo en los primeros seis meses de 2014, más de 200 personas han perdido la vida en el Mediterráneo y el Egeo, y cientos más han desaparecido y se teme que hayan muerto. Muchas eran personas que huían claramente de situaciones de violencia y persecución».
«La responsabilidad de la muerte de las personas que tratan de llegar a la UE es colectiva» ha dicho John Dalhuisen.