La Infanta Cristina e Iñaki Urdangarin han suscrito un precontrato para la venta de su palacete en el barrio barcelonés de Pedralbes con un abogado que les ofrece 6,95 millones de euros por la vivienda, una operación que tendrá que autorizar el juez del Caso Nóos, José Castro.
Según consta en la solicitud planteada por Urdagarin al juez instructor, a la que se ha adherido su esposa, el contrato de arras firmado el pasado 17 de diciembre en Barcelona establece que la oferta por el chalé libre de cargas, incluido el embargo judicial que pesa sobre él desde 2013, caducará el próximo 17 de marzo.
Necesitan el permiso del Juez Castro
Este martes la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin pidieron permiso al juez del caso Nóos, José Castro, para vender su palacete en el barrio barcelonés de Pedralbes, propiedad que está bajo embargo judicial para cubrir la posible responsabilidad civil derivada de este caso de presunta corrupción.
Según han informado fuentes judiciales, la defensa de Urdangarin ha presentado una solicitud de autorización para vender la vivienda y la representación de la hermana del Rey ha registrado un escrito adhiriéndose a esa petición.
El permiso del juez instructor del caso Nóos es imprescindible para la enajenación de la vivienda de los duques de Palma en la capital catalana porque la mitad de la propiedad fue embargada en noviembre de 2013 para cubrir la fianza de responsabilidad civil impuesta a Urdangarin.
Esta fianza se fijó en 6,1 millones de euros de forma solidaria sobre el esposo de doña Cristina y su socio en la dirección del Instituto Nóos y su entramado de empresas, Diego Torres.
Además del palacete de Pedralbes, el juez embargó a Urdangarin la mitad de otras propiedades cuya titularidad comparte con su esposa, entre ellas otras tres viviendas, dos garajes y dos trasteros.
La semana pasada se hizo público que la infanta y su marido, que actualmente residen en Ginebra, estaban ultimando la venta del palacete por una cantidad próxima a los seis millones de euros.
En el auto de apertura de juicio que dictó el 22 de diciembre pasado, Castro estableció una fianza por posibles responsabilidades pecuniarias de 14,7 millones de euros para Urdangarin, que posteriormente rebajó a 13,6 millones, mientras que para la infanta señaló la obligación de consignar 2,7 millones de euros.
Otra de las acusadas en este procedimiento, la ex consejera delegada de la fundación Madrid 2016, ha presentado hoy ante el juzgado de instrucción 3 de Palma un aval para cubrir la fianza de 152.000 euros que le impuso el juez.