El descrédito social hacia los políticos crece, a pesar de la gravedad de la situación económica. Desde hace más de dos años la clase política es considerada un problema, el tercero más importante. El último barómetro del CIS correspondiente al mes de mayo revela que el 22,5% de los ciudadanos cita la actividad de los responsables políticos como un asunto que les preocupa. El grado de inquietud ha aumentado 4 puntos con respecto al anterior CIS.
Por tanto, los políticos son el peor problema para la sociedad, después del paro y la crisis. Además, en la sociedad impera una visión negativa. A la pregunta de cómo valora el panorama político, el 89,7% de los españoles considera regular, mala o muy negativa el panorama político.
También existe una opinión desfavorable sobre la Administración. Casi la mitad de los españoles, el 47,3%, tiene una visión negativa del funcionamiento de las instituciones públicas, ya sea la central, la autonómica o la municipal. No obstante, los españoles valoran mejor la actividad de los ayuntamientos por su proximidad.
Las principales fallos que encuentra el ciudadano son la lentitud para resolver trámites (31,3%), la excesiva burocracia y papeleo (24,4%), la dificultad para saber cuál es el organismo al que hay que dirigirse (17,6%) y el lenguaje poco claro (13,9%).
El 81% ve corruptos los partidos políticos
Un informe difundido por Transparencia Internacional señala que “las evaluaciones de Grecia, Portugal y España destacan porque la ineficiencia, negligencia y la corrupción no son ni lo suficientemente controladas ni sancionadas».
La evaluación que ha realizado TI concluye que un grupo de países del sur de Europa comparte retos comunes a la hora de combatir la corrupción. Señala que las administraciones de países como España, Grecia y Portugal tienen serios problemas “en términos del marco jurídico de rendición de cuentas y mecanismos de integridad”, y de su aplicación en la práctica.
Al mismo tiempo, TI recomendó a España que modifique la ley electoral y que mejore el control de la financiación de los partidos políticos, entre otras medidas destinadas a combatirla.
“La lucha contra la corrupción y a favor de la integridad se juega esencialmente en el ámbito de los partidos políticos, dado su papel esencial en el sistema democrático”, señala el informe en su capítulo dedicado a este país.
Los dos grandes partidos españoles “tienen como punto fuerte su independencia”, ya que pueden definir «los recursos públicos que para la financiación se auto asignan”, aunque esto puede generar “desigualdades evidentes”, según el informe.
“Sus debilidades más notables están en su falta de transparencia y rendición de cuentas en la gestión interna, su oligarquización y profesionalización, y su falta de compromiso suficiente con la lucha anticorrupción”, afirma el documento, que señala en concreto al PP y al PSOE y a los “tres grandes regionales (CiU, PNV y CC)”.
Por ello, propone una “mejora de las reglas de financiación” y la creación de “organismos independientes” de supervisión de dichos procesos.
Además, recomienda “estimular la democracia interna” de los partidos, así como una modificación de la ley electoral para eliminar las listas cerradas y mejorar la proporcionalidad del sistema y la información a los votantes sobre su funcionamiento.
En el mismo sentido, TI pide una “despolitización” del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional.
El informe recomienda “un pacto nacional para combatir la corrupción” que incluya al Gobierno, todos los partidos políticos, los agentes sociales, las ONG y los medios de comunicación.
Este pacto debería centrarse en la aplicación de la legislación existente, reforzar las sanciones por incumplimiento y asegurar la independencia de las organizaciones de lucha contra la corrupción, según Transparencia Internacional.
Entre sus “recomendaciones prioritarias”, el informe también aconseja regular las actividades de los grupos de presión que intervienen en los procesos legislativos –España es uno de los 19 países de la UE que no lo hacen-, combatir la economía sumergida y desarrollar un plan de “gobernanza abierta” que facilite la participación de los ciudadanos en la política.
En el apartado positivo, España figura entre los diez países que prohíben las donaciones políticas sin especificar el donante.
El informe alerta sobre el déficit generalizado de rendimiento de cuentas en la mayoría de los países analizados, y señala a Dinamarca, Noruega y Suecia como “los países mejor protegidos contra la corrupción”.