Martes 21/11/2017.

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El Gobierno trama un cupo catalán similar al vasco

  • Un hipotético cupo catalán tendría un coste de 13.000 millones de euros para el Estado

El Ejecutivo de Mariano Rajoy estaría dispuesto a negociar un pacto fiscal para Cataluña con el objetivo de dar un nuevo encaje a la autonomía catalana dentro de España. Esta propuesta, que cuenta con mucha oposición dentro del propio Partido Popular, busca calmar la crisis catalana después de varios meses de inestabilidad política. Cuando queda exactamente un mes para la celebración de las nuevas elecciones catalanas convocadas por el Gobierno tras la aplicación del 155, The Guardian recoge esta posibilidad en un artículo publicado este martes.

Luis de Guindos, ministro de Economía, ya mencionó esta posibilidad diez días antes de la celebración del referéndum del 1-O, en unas declaraciones en las que reconoció que el Gobierno de Rajoy estaría dispuesto a permitir que el Govern recaude y administre sus propios impuestos mediante un sistema similar al del País Vasco. Sin embargo, esta cuestión cuenta con una enorme oposición dentro del PP ya que el Gobierno no quiere un pacto fiscal solo para Cataluña sino un acuerdo que tenga en cuenta a las 17 regiones autonómicas.

No solo para Cataluña

En este sentido, el Gobierno matiza que la Constitución establece el principio de solidaridad entre las diferentes regiones que componen España y que, por tanto, el acuerdo fiscal no puede ser solo para una región, en este caso Cataluña.

La opción del pacto fiscal ya fue propuesta en 2012 por el expresident de la Generalitat Artur Mas, antes de la ruptura de Convergència i Unió por el giro político independentista de la antigua Convergència, refundada en el actual PDeCAT. Respecto a esta cuestión, el Gobierno se defiende con el argumento de que en aquel momento España pasaba por una situación financiera muy delicada, con un rescate bancario sobrevolando el país y con una crisis económica que hacía imposible negociar un acuerdo de estas características. "Ahora la situación ha cambiado, tenemos más espacio fiscal, recuperación económica y nuevas oportunidades para discutir. Cataluña ya tiene un buen grado de autonomía, pero podríamos hablar de una reforma en el sistema de financiación y otros aspectos", declaró el ministro De Guindos días antes de la celebración del referéndum unilateral de independencia.

Ciudadanos, el principal socio de Rajoy en el Gobierno, es el partido que ha mostrado una mayor oposición tanto a un pacto fiscal (también se opone al del País Vasco y Navarra) como a una ampliación de las competencias autonómicas y jurídicas en Cataluña. Albert Rivera, líder de la formación naranja, ha dicho en repetidas ocasiones que reformar la Constitución para cumplir con algunas de las aspiraciones de las fuerzas independentistas era una línea roja que el partido que lidera no iba a cruzar.

Implicaciones económicas

Los expertos del Gobierno en financiación autonómica calculan que dar a Cataluña un trato fiscal similar al que tiene el País Vasco tendría un coste de 13.000 millones de euros para el Estado. Estas cifras son los recursos económicos adicionales que se concederían a la Generalitat y que habría que sustraer al resto de comunidades, cuyos ingresos se reducirían cerca de un 10% de media.

El actual sistema de financiación autonómico a favor de las comunidades forales (sistema fiscal vasco y navarro) genera enormes diferencias hasta el punto de que dos de las regiones más ricas de España reciben una subvención neta del resto del país. Un cupo catalán similar al vasco sería ruinoso para el sistema de financiación, hasta el punto de que podría hundirlo, afirman expertos seleccionados por el Ministerio de Hacienda.

De modo que si España entrara en un proceso así, el Estado se quedaría rápidamente sin recursos para complementar la financiación de las comunidades con menor renta, necesarios para que puedan disfrutar de servicios comparables a los de las regiones más ricas.

Pese a ello, los expertos sí que apuntan a que hay varias comunidades como Cataluña, Madrid, Comunidad Valenciana e Islas Baleares que necesitan una mejora de la financiación si hay margen para ello, pero nunca a través de la concesión de un cupo fiscal como el vasco, que pondría en peligro el sistema de financiación del Estado y el principio de solidaridad entre regiones.

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