Viernes 20/03/2020.

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Ha debatido dos informes sobre la ley del aborto de Gallardón

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El CGPJ aconseja despenalizar el aborto en caso de malformación

  • Aprueba finalmente el informe de la jueza Carmen Llombart, que contempla este supuesto.
  • Rechaza el de la magistrada Pilar Sepúlveda, que instaba a una retirada total del anteproyecto. Varios vocales habían solicitado esperar a la decisión del Constitucional. 
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El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), reunido hoy en pleno monográfico extraordinario, ha aprobado el informe sobre el anteproyecto de Ley Orgánica de Protección del Concebido y los Derechos de la Embarazada encargado a la jueza conservadora Carmen Llombart, y en el que se propone despenalizar el aborto por malformación del feto. 

En un pleno monográfico celebrado este viernes, el CGPJ ha debatido los dos informes que tenía sobre la mesa: el de Carmen Llombart y el realizado por la progresista Pilar Sepúlveda.  La primera es crítica con algunos aspectos del anteproyecto, mientras que la segunda pide directamente su retirada y es mucho más dura con el texto del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. Este texto contempla dos supuestos legales: violación o grave peligro para la vida o la salud física de la madre. 

El informe de Llombart ha sido aprobado con los votos de diez vocales, con su presidente Carlos Lesmes incluido, y ha recibido ocho votos en contra y tres abstenciones. El juez Fernando Grande-Marlaska, nombrado a propuesta del PP, ha optado por la abstención. Marlaska había solicitado que se esperase a la resolución del Tribunal Constitucional para votar los informes.  Por su parte, el denominado sector progresista ha apoyado en su totalidad el informe presentado por Sepúlveda. Asimismo, cuatro vocales han presentado alegaciones. 

La aprobación ha sido posible por la reforma de la Ley del Poder Judicial, del año pasado, que permite que los informes sólo necesiten de mayoría simple de los 21 miembros del pleno,  mientras que antes requerían el voto favorable de 11 vocales.

No obstante, el informe de Llombart señala también que al CGPJ no le corresponde "la valoración de la oportunidad del cambio legislativo", sino que "debe adoptar una metodología estricta y rotundamente jurídica". Según el texto, los supuestos de malformaciones incompatibles con la vida deben ir vinculados al riesgo para la salud psíquica de la madre, que sí se incluye en el anteproyecto. 

Por su parte, el informe de Sepúlveda, muy duro con el anteproyecto de Gallardón, pedía su retirada total por considerar que pretende imponer un "modelo moral". 

Desde el Gobierno afirman que estudiarán "con muchísimo interés" los informes de los órganos consultivos.  "Nos parece que es la manera para llevar a cabo la tramitación más correcta, más completa y más conveniente", ha asegurado Sáenz de Santamaría en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

La votación se ha aplazado hasta en tres ocasiones 

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha celebrado hoy un pleno extraordinario para decidir su informe sobre el anteproyecto de ley del aborto, ante el que sus veinte vocales están divididos después tres meses de estudiarlo y de haber aplazado la votación del asunto en tres ocasiones.

El pasado mes de marzo el la Comisión Permanente del CGPJ pidió una prórroga de 30 días para informar de la Ley del Aborto, prórroga que después prolongó hasta el 4 de junio.

Un grupo minoritario de vocales del sector progresista y críticos con el anteproyecto pidió entonces que se aplazara de nuevo ese pleno, movidos por su desacuerdo con el hecho de que el asunto se hubiera dejado para después de la celebración de las elecciones europeas.

En concreto los vocales se quejaban de que disponían de muy poco tiempo para estudiar la segunda de las dos ponencias que se propondrán al pleno para tomarlas como base del informe, la de Carmen Llombart. 

Los miembros del órgano de gobierno de los jueces no habían llegado a un acuerdo sobre estas dos ponencias y sobre el sentido que debe tener el informe sobre el citado anteproyecto.

Así, mientras que un grupo de cinco vocales progresistas parecía cercano a la posición de Sepúlveda, el pasado día 10 de junio otros tres vocales propusieron al órgano de gobierno de los jueces que no se pronuncie sobre la reforma hasta que el Tribunal Constitucional resuelva el recurso que el PP presentó contra la actual ley.

Se trata de los vocales Mercè Pigem, Enrique Lucas y Fernando Grande-Marlaska, mientras que una cuarta vocal, Núria Díaz, se ha mostrado divergente con las tesis de Llombart y más crítica que ella con la actual ley del aborto.

Este vocal dice que dados los específicos derechos, libertades y bienes jurídicos constitucionalmente protegidos afectados en la regulación y teniendo en cuenta que el Tribunal Constitucional aún no se ha pronunciado sobre la constitucionalidad de la Ley vigente, "habría que estar a su resolución".



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