La Comunidad de Madrid ha anunciado una nueva regulación para los negocios turísticos en pisos particulares que permite la posibilidad de veto para aquellas comunidades de vecinos con la presencia de los molestos negocios Airbnb dentro de la comunidad. Sin embargo, las asociaciones de vecinos no lo ven tan claro y aseguran que la norma es un «espectáculo mediático» que no cambia nada.
Unanimidad para el acuerdo y el ‘veto sobre el veto’
El principal requisito para dicho acuerdo de prohibición reside en conseguir la modificación de los Estatutos de la comunidad de vecinos, pero se dan algunas incongruencias entre las leyes.
El decreto anunciado esta mañana por la presidenta Cristina Cifuentes podría ser incompatible con la actual Ley de Propiedad Horizontal que regula las comunidades de vecinos, puesto que dicha ley declara que para la modificación de los Estatutos de una Comunidad es necesario el voto de la unanimidad de los vecinos en junta.
La modificación de los estatutos es un proceso complejo. En caso de que un vecino quisiera acabar con un piso turístico en su comunidad, deberá convocar una junta, informando al presidente de la comunidad y al resto de vecinos. Tras reunir el mínimo de asistencia necesario, se deberán explicar todos los aspectos jurídicos de la modificación para que queden claros las consecuencias de la modificación en los Estatutos antes de la votación.
He aquí la cuestión. ¿Qué ocurre en caso de que uno de los vecinos decida votar en negativo y bloquear el procedimiento? Aún no queda claro cómo salvarán este escollo, pero de no regularse, podría darse un ‘veto sobre el veto’: la voluntad de prohibicón de los negocios turísticos en la comunidad podría ser bloqueada por el voto de un solo vecino.
«La posibilidad de prohibir los Airbnb era ya legal»
Por su parte, las asociaciones vecinales muestra su reparo ante el anuncio de Cifuentes.
«El decreto solo garantizará el derecho de los consumidores, pero la presidenta no ha pensado en los vecinos», explica a Teinteresa.es el presidente de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAV), Enrique Villalobos, que ha calificado el anuncio de «espectáculo mediático».
«No es creíble, no aporta nada. Las comunidades ya podían modificar sus estatutos para prohibir estos negocios. La situación es la misma que antes, los únicos beneficiados son aquellos que aún no tiene este tipo de negocios en sus comunidades. El poder de los vecinos para prohibir estos negocios resulta inútil con la exigencia de unanimidad» ha declarado el presidente de la FRAV.
Más regulación para los pisos turísticos
Lo que Cifuentes sí ha dejado claro es que con el nuevo decreto abrir un negocio Airbnb no será tan sencillo. Ahora el propietario deberá registrar el piso como turístico, entregar un certificado de idoneidad de la vivienda en el registro y contratar un seguro de responsabilidad civil.
A este respecto, la FRAV se ha mostrado esperanzada, aunque cree que el avance es «tímido».
De salir adelante la reforma del decreto, empresas como Airbnb dejarían atrás etiquetas tan controvertidas como la de “consumo colaborativo” para pasar a considerarse meros negocios turísticos, y por tanto, quedar sujetas a la Ley de Ordenación de Turismo y a su régimen sancionador en caso de incidencia en la convivencia. Además, los propietarios tendrían la obligación de informar a la Policía Municipal de la identidad de los nuevos inquilinos temporales.