Lunes 11/06/2018.

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Por qué la AP-6, donde han quedado atrapadas miles de personas, no debería tener peaje

Pocas veces al año una provincia castellana y poco poblada es objeto de una actualidad supina como en temporada de nevadas. Por Segovia pasa el tramo privatizado de la autovía de A Coruña, aprovechando el túnel que atraviesa las montañas y que deja como única alternativa una carretera convencional que pasa por encima de las montañas. Al salir de Segovia, la AP-6 vuelve a convertirse en la A-6. Este servicio de pago -que ya de por sí es polémico porque se paga por seguridad vial y no solo por comodidad en el trayecto- implica un servicio de calidad, como el que puede dar una multinacional como Abertis(matriz de Iberpistas, la empresa contratista de la vía) y el que debería exigir un gobierno que quizá deba endurecer las condiciones a cumplir para optar a este tipo de concursos públicos.

La AP-6 se puede considerar como un impuesto obligatorio de 6 a 12 euros, si lo que quieres es ir al noroeste de la Península. Por su condición de tránsito obligatorio y de garantía de la seguridad, no corre el riesgo de convertirse en una autopista en quiebra como otras que sí compiten con una conexión satisfactoria de autovías públicas, como por ejemplo son las "R" de la Comunidad de Madrid.

La privatización exige un servicio alternativo de calidad y público

Las características de la AP-6 son similares, por ejemplo, a las de la AP-2, que empieza como un tramo 'obligatorio' de la A-2 (la autovía Madrid-Zaragoza-Barcelona) de más 80 kilómetros. La única opción si no se quiere pagar peaje es transitar por una carretera nacional, aunque, a diferencia del caso de la AP-6, esta carretera convencional ni recorre una montaña por lo que su peligrosidad es muy inferior, ni su peaje ha sido declarado ilegal por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. A pesar de estas condiciones de "sustitución" de la calidad de las comunicaciones, que convierten siempre a las instituciones en los responsables últimos de cualquier disfunción, el Gobierno de Rajoy ha tirado 'balones fuera' cuando ha sido señalado.

La cuestión es que en casos como el de las miles de personas atrapadas en la AP-6 durante casi 20 horas, en los que las autopistas privadas sustituyen a las autovías públicas y no se ofrece un servicio alternativo de calidad y gratuito; en los que la empresa contratista no cumple con el servicio y las instituciones tampoco con su cometido de previsión y garantía de la seguridad de sus ciudadanos; en los que la posibilidad de negocio sustituye a la razón y a las obligaciones sociales,... en este tipo de situaciones debe haber dimisiones y se deben depurar responsabilidades.

Crisis institucional que exige dimisiones

El Ministro de Fomento va a comparecer el miércoles en el Congreso de los Diputados en una nueva prueba de fuego para el legislativo: ¿legislarán en consecuencia o será un nuevo debate para los anales del decoro democrático?

Lo que está claro es que errores institucionales ya ha habido y muchos: para empezar el Ministro de la Serna, gobernante público, concede entrevistas en medios de comunicación privados antes de dar una rueda de prensa pública como realmente le exige su cargo. Por otro lado, el nuevo director de la DGT, Gregorio Serrano, comete también varios errores:

Responsabilizar a los conductores: es cierto que deben llevar cadenas pero es más cierto aun que quien dispone de técnicos capaces de actuar en previsión en situaciones así es el Gobierno, y hacer lo contrario es como cargar con la misma responsabilidad a un policía que agrede a un civil, que a un ciudadano que agrede a otro: al profesional de la seguridad y el orden siempre hay que exigirle profesionalidad.

Falta de previsión: a pesar de que Serrano defiende que había cartelería advirtiendo de las condiciones meteorológicas, existían puertos abiertos que ya estaban colapsados y los conductores siguieron pagando el peaje a pesar de que ya estaban atrapados.

La trayectoria de la DGT: Hace pocos días el propio Gregorio Serrano comparecía en público para dar cuenta del segundo año consecutivo en el que se eleva el número de víctimas en carretera. Serrano, que lleva un año en el cargo y que coincide con pérdida de fuerza del carnet por puntos después de una década, queda en evidencia, porque su receta para darle la vuelta a los datos recae únicamente en el conductor (endurecer infracciones y exámenes de autoescuela, aumentar la presencia de radares,...) pero no pasa por mejorar el servicio de carreteras. Una responsabilidad que también tiene el Ministerio de Fomento, que deja en evidencia que sus concursos públicos son deficitarios, ya que no le exigen lo suficiente a la empresa contratista, que en situaciones como esta de la AP-6 queda en evidencia.

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