Para CSI-F, sindicato mayoritario en la mutua Fremap, «esta medida esconde la intención de abaratar y precarizar el sistema de prevención de riesgos laborales que, a partir de ahora, será realizado por compañías »low cost»».
Además, el sindicato entiende que la ley de mutuas impone la «funcionarización» de sus trabajadores, pues dejarán de depender del convenio colectivo del sector y sus retribuciones se fijarán a través de los Presupuestos Generales del Estado, como si fueran empleados públicos.
«Esta modificación legal vulnera los derechos de los trabajadores de las mutuas, que ocupan a 24.000 trabajadores en nuestro país, personal sujeto a relación laboral ordinaria, que desarrollan su trabajo asistencial con gran capacidad técnica, solvencia, profesionalidad y eficacia demostrada en la atención al accidentado día a día», afirma.
CSI-F ha solicitado a los grupos parlamentarios que pidan la retirada del proyecto de ley y ha emplazado al Gobierno a que abra una mesa de negociación tripartita para impulsar una ley de mutuas consensuada.
Mientras tanto, el sindicato ha planteado enmiendas para que se retire la limitación de retribuciones y su asimilación a los Presupuestos Generales del Estado.