El caso de las tarjetas black de Caja Madrid está generando una retahíla de dimisiones y podría generar una retahíla de fraudes tributarios con sus correspondientes sanciones.
La no declaración de ingresos a Hacienda tiene distintas penas según sea la cantidad defraudada. En España la ley establece que la ocultación de fondos solo supone delito fiscal a partir de 120.000 euros en un año. En el caso de las tarjetas black es difícil que alguno de los directivos sea acusado de delito fiscal ya que las cantidades supuestamente defraudadas oscilan entre los 1.100 y los 575.100 euros durante un total de 10 años. El directivo que más gastó, de media en un solo año, fue Ildefonso Sánchez Barcoj con 57.510 años de media anual.
Cinco años de cárcel
Si se supera 120.000 euros en un solo año y hay sentencia firme, el condenado puede ir a la cárcel un máximo de 5 años. En España se incrementó un 66 % el número de personas que fueron a la cárcel por delito fiscal. En 2012 ingresaron en prisión 88 personas, en 2013 fueron 110 y en 2014, de momento, han sido encarceladas 114 personas. La prescripción penal del delito fiscal se produce a los 5 años de la comisión del delito. La prescripción administrativa tiene lugar a los 4 años. Teniendo en cuenta estos datos, solo podría ser acusada de delito fiscal la entidad supuestamente defraudadora, que en total habría ocultado alrededor de 15,5 millones de euros.
Fraudes leves, graves o muy graves
Por debajo de 120.000 euros no existe delito fiscal sino fraude tributario. En este caso las penas pueden ser leves, graves o muy graves. Las sanciones tributarias prescriben a los cuatro años.
Se considera leve los fraudes tributarios cuya base sea inferior o igual a 3.000 euros o, cuando siendo superior no haya obstaculización. La sanción por infracción leve consiste en una multa cuyo importe es el 50% de la cantidad que se ha dejado de pagar a Hacienda. La infracción será considerada grave cuando la base de la sanción sea superior a los 3.000 euros y existe ocultación. En este caso, el defraudador deberá pagar una multa de entre el 50 % y el 100 % de la cantidad que dejó de pagar a Hacienda. La infracción será muy grave si a todo lo anterior se le añade que el infractor ha utilizado medios fraudulentos. En este caso, además de lo defraudado, se aplicará una multa de entre el 100% y el 150 % tomando como referencia la base de la sanción.
Posible fraude tributario
A la luz de estos datos parece bastante improbable que ninguno de los 86 directivos de Caja Madrid que utilizaron tarjetas black sean acusados de delito fiscal. Para ser acusados de este delito deberían haber defraudado más de 120.000 euros en un solo año, cosa improbable debido a que las tarjetas opacas estuvieron 10 años activas y los importes totales supuestamente defraudados no sobrepasan en ningún caso los 600.000 euros.
Parece más probable que los directivos sean investigados por supuesto fraude tributario. En ese caso tendrán que pagar una multa, cuya cuantía varía en función de la cantidad defraudada.