Argentina ha entrado en suspensión de pagos o ‘default’ al agotarse el plazo para llegar a un acuerdo con los fondos que le reclaman el pago de 15.000 millones de dólares.
Es la segunda vez en doce años que el país se encuentra en ’default’ aunque esta vez el Ejecutivo lo niega. Los argentinos se han ido a dormir con las declaraciones del ministro de Economía, Axel Kicillof, explicando que el Estado es solvente y no puede, por tanto, estar en suspensión de pagos. «Mañana será otro día y el mundo seguirá andando», ha concluido.
Qué es un “default selectivo”
Lo cierto es que como ya ha señalado la agencia de calificación de deuda, Standard & Poor»s, Argentina se encuentra en “suspensión de pagos selectiva”. Esto significa básicamente que puede pagar pero no quiere y que sí, se ha pagado una parte de la deuda pero no toda.
En los últimos días Argentina ha realizado pagos a otros acreedores: se han depositado 1.000 millones en concepto de abono de intereses para ‘bonistas’ con los que sí hay acuerdo y otros 650 millones a los acreedores del ‘Club de París’ (países con los que existe deuda desde los años 50).
Por qué Argentina no quiere pagar
En realidad la falta de acuerdo con los denominados ‘fondos buitre’ podría formar parte del guión y de las recomendaciones de los abogados. Argentina no quiere pagar a estos fondos porque la factura puede ser muy superior al importe que le reclaman.
El motivo es que el origen del conflicto se encuentra en la suspensión de pagos de 2001. Desde entonces el 92,3% de los acreedores han aceptado una ‘quita’ (condonación de deuda) del 65,6%.
El conflicto actual es con los que no quisieron suscribir esa ‘quita’ y desean cobrarlo todo. Debido a una cláusula (llamada RUFO) que vence el 31 de diciembre de 2014, si Argentina concede mejores condiciones a los acreedores con los que no hubo acuerdo, deberá igualar al resto.
Es decir, si paga a los fondos buitre 15.000 millones, deberá resarcir al resto de acreedores. Son 150.000 millones de dólares, la mitad de las reservas argentinas, según Kicillof.
Los bancos podrían resolver el problema
La estrategia podría pasar por ‘aguantar’ hasta enero, para después negociar con todos los acreedores. También se contempla la posibilidad que los bancos argentinos intervengan en la operación y compren a los fondos buitre el 100% de esa deuda. Kicillof no ha descartado que ADEBA (Asociación de Bancos de Argentina) deshaga el nudo. Según la prensa argentina, hoy siguen negociando.
Los argentinos lo asumen con “calma”
De momento la calle mantiene la calma. Según relata la corresponsal del Washington Post, en los informativos la noticia del ‘default’ “compite con el fallecimiento del presidente de la Asociación Nacional de Fútbol y una pelea entre Orlando Bloom y Justin Biber”. “Los argentinos miran para otro lado”, asegura el diario El Economista. Los medios tampoco recoge manifestaciones o concentraciones como las que se vivieron a principios de 2000. No hay que olvidar que en ese momento la suspensión de pagos origino el ‘corralito’.
No habrá impacto en los mercados internacionales aunque el Ibex baja
“El default no debería tener un efecto muy fuerte. Existen focos de riesgo más importante (Ucrania, Irak) que la suspensión de pagos argentina” explica el analista de XTB, Miguel Antonio Marcos. Los economistas creen que como mucho afectaría a países vecinos con más intereses cruzados como Uruguay, quizás Chile, en términos de convergencia de precios.
Lo cierto es que el país no se encuentra en el mercado de deuda desde el ‘default’ anterior. Son los bancos e instituciones nacionales los que compran la deuda que emiten.
Así en España, la bolsa desciende en sus primeros compases pero no se espera que el efecto sea duradero.
Sí pueden sufrirlo la economía y los ciudadanos
El que se ha mostrado más preocupado es Daniel Pollack, el mediador judicial de Estados Unidos. «Un cese de pagos no es una simple cuestión técnica, sino un hecho real y doloroso que causará daño a gente de carne y hueso: a los argentinos de a pie, a los bonistas que aceptaron el canje y a los holdouts», indicó Pollack.
La suspensión sí afectará a las empresas argentinas, y a la economía, por extensión a los ciudadanos. “De entrada habrá tres efectos sobre la economía argentina: debilitamiento del crecimiento, una mayor desvalorización del peso, mayor dificultad en el acceso a los mercados por parte de las empresas”, cree Marcos.
Un informe de Abeceb.com cree que se produciría una caída del PIB de al menos el 3,5%. Expertos de Deutsche Bank han hablado de una recesión muy profunda.
Así se podría producir:
–Dificultad y encarecimiento para las empresas a la hora de financiarse. El acceso a los mercados internacionales para el Estado tendrá una incidencia menor. No es tan relevante porque desde hace años Argentina prácticamente no busca financiación en los mercados internacionales. La mayor parte de sus acreedores son las mismas agencias públicas del Estado. Sin embargo, para quienes sí será relevante es para las empresas. Un ‘default’ rebajará la nota crediticia del país, y con ella la de la mayor parte de sus empresas.
-Todavía mayor inflación y encarecimiento de las importaciones.
Casi parece un mal endémico argentino. En 2013 fue del 28%, y en lo que llevamos de año ha sido de un 15%. Abeceb.com sitúa la inflación en 2014, en caso de bancarrota, en el 41%.
–Escasez de divisas. Marcos explica que se incentivaría todavía más el mercado negro de divisas porque terminarían por reducirse las reservas internacionales de divisas. “Posiblemente, un escenario de default vendría seguido de un ataque especulativo contra el peso, y eso terminaría en una devaluación de la moneda y la consiguiente reducción del ingreso de los ciudadanos», explica The Wall Street Journal.
-Más paro. “El principal temor es que empiecen los despidos en un país con una tasa de desempleo en el 7,1%”, apuntan en el WSJ desde el Centro de Estudios Económicos Orlando Ferreres.
–Menor credibilidad internacional y peligro de salida de inversores. Tras la bancarrota de 2001 al país le ha sido difícil ir restableciendo su credibilidad y asegurar a los inversores extranjeros que existe una cierta seguridad jurídica.