Era un rumor en los pasillos de Bruselas que confirmaban todas las fuentes. Francia, que ha pedido dos años más para cumplir con los objetivos de déficit (sería su tercera prórroga) tiene cuatro meses más de margen para aplicar reformas estructurales prometidas y presentar nuevos planes más concretos.
El equipo del nuevo presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker decidirá en marzo si aplica la sanción a París por incumplir sus compromisos. La multa, que se podría haber aplicado ya, supondría hasta 0,2% del PIB, más 4000 millones de euros. “Todas las opciones están sobre la mesa», ha asegurado Valdis Dombrovskis, el vicepresidente de la Comisión Europea.
Hay «un riesgo de ruptura de la disciplina colectiva el euro «, reconocían desde la Comisión Europea al presentar su diagnóstico de los presupuestos de 16 estados de la eurozona. «El tiempo dado no se puede perder», ha advertido el comisario Pierre Moscovici.
París prevé un déficit del 4,3% del PIB en 2015, en lugar del 3% prometido inicialmente. La mayoría de los Estados de la eurozona (no es el caso de España), deben bajar a un promedio de 2,4% el déficit próximo año. Para el castigo, Hollande, debería reducir el déficit estructural en un 0,2% del PIB.
Para obtener esos cuatro meses de pausa, el primer ministro, Manuel Valls se ha comprometido por carta a «acelerar» las reformas. La misiva está fechada con el 21 de noviembre pero su contenido se ha conocido hoy. Según el diario Le Figaro, confirma a la CE que «las reformas continuarán hasta el final del mandato».
Adelanta que habrá una simplificación de los procedimientos burocráticos y una ley para “mejorar el gasto sanitario”. Eso sí, el ministro también afirma, según el diario, que el ajuste fiscal debe «no socavar la recuperación económica«, escribió Manuel Valls.
Francia se gana tiempo pero se mueve en un delicado equilibrio. Bruselas y Alemania ya no tienen mucha paciencia. Ayer Macron, y su homólogo alemán, Sigmar Gabriel, se comprometieron a trabajar en «una agenda de convergencias» entre los dos países y con otros de la Unión Europea para crear un «Schengen económico». Una ambición que pasaría por una flexibilización del mercado laboral que será difícil de realizar en París.