Tras reunirse, junto al consejero de Presidencia Salvador Victoria, con representantes de los guías turísticos de Madrid para informar de la repercusión de las manifestaciones de la Puerta del Sol en su trabajo diario, Mariño ha valorado la detención ayer del presidente de la organización de empresarios Fedecam, Alfonso Tezanos, junto a una decena de personas, por el caso de los cursos falsos de formación.
«La Policía ha hecho su trabajo y ha cumplido su obligación. Si se le ha detenido ha sido porque habrá visto indicios racionales de un posible delito y ahora serán los jueces los que determinen su hubo delito», ha indicado la consejera de Empleo.
De hecho, ha detallado que la Policía sigue pidiéndoles documentos y ellos siguen mandando «legajos y legajos de documentos». «No se va a quedar aquí en Aneri y Tezanos, vamos a continuar con las investigaciones porque es muy importante que esa formación continua se haga de una forma limpia y responsable. No sólo desde el punto de vista de la justificación de los fondos públicos, sino de la calidad de los cursos. Ya el año pasado introducimos modificaciones, y se han acabado los cursos de risoterapia y de yoga porque eso no cualifica más a los trabajadores».
Eso sí, ha querido diferenciar el caso Tezanos con el de José Luis Aneri, el empresario cordobés acusado de montar una trama para aprovecharse de subvenciones de cursos de formación no realizados por un montante de unos 2,6 millones de euros.
Según ha explicado Mariño, el caso «parelelo» de Tezanos fue otro paquete de expedientes que hace unas semanas mandó la Consejería a la Policía después de descubrir irregularidades tras la revocación de los expedientes para la devolución de los fondos, que se situaría en algo menos de 900.000 euros.
«La Policía tendrá que determinar si hubo relación entre ambos, si Tezanos era socio o no de Aneri. No me voy a meter en ello, pero lo que sí puedo decir es que hay 26 asociaciones que no han cumplido con su deber en la formación continua, que detectamos irregularidades, que se lo pasamos a la Policía», ha dicho la consejera.
«AQUÍ NO HA ACABADO LA HISTORIA»
Ana Isabel Mariño ha insistido en que «aquí no ha acabado la historia» ya que «va a seguir controlando toda la formación continua, investigando todos los expedientes». Y ha asegurado que ahora, tras la llegada de Inspección de Trabajo, incorporará un refuerzo externo al trabajo de los técnicos de su departamento regional para «acabar cuanto antes con esta situación no sólo porque hemos congelado los fondos, sino porque no tienen por qué pagar justos por pecadores».
«Son los trabajadores y los empresarios los que pagan esta formación y por eso vamos a aclarar el asunto cuanto antes. Lo que tenemos claro es que vamos a llegar hasta el final y que si estamos hablando de esto es porque hemos cumplido nuestra obligación de control. Este seguimiento de los cursos, su calidad y auditoría lo tienen que hacer los responsables, que son los beneficiarios, tanto empresarios como sindicatos, que para eso son los que cobran hasta un 10 por ciento de los fondos que les adjudicamos para auditar todo el asunto», ha explicado.
La titular regional de Empleo no cree que este asunto tenga que ver con las próximas elecciones a la Confederación de Empresarios de Madrid (CEIM) y, de todas formas, «eso lo tendrá que dilucidar los que vayan a votar, los empresarios». No obstante, imagina que los responsables de las organizaciones empresarias «transmitirán a sus asociaciones que tienen que tener más control de los cursos».
«Esos cursos están pensados para ser controlados por empresarios y trabajadores desde siempre. Y es necesario que esa implicación en la calidad y seguimiento sea importante. La Administración claro que está vigilando. Cuando detectamos no sólo que no habían gastado el dinero como tenían que gastarlo, sino que además en esas justificaciones que nos presentaron en el caso de Tezanos había irregularidades lo comunicamos a la Policía», ha indicado Mariño.
Respecto a la petición de una comisión de investigación en la Asamblea de Madrid por parte de la oposición sobre todo este asunto, Mariño ha afirmado que el PSOE «está en el derecho de pedir lo que quiera, pero no puede ponerse de perfil en este asunto porque el control del 5 por ciento de estos cursos fue una decisión normativa del PSOE, ya que derogó en 2008 la obligatoriedad que puso el PP de cuando se adelantaran dineros para formación había que tener un aval y garantía». «Ellos derogaron esa decisión sólo para formación continua. Ellos sabrán por qué», ha apostillado.