«No podemos poner en crisis este modelo de acogida, que es un valor que tiene esta sociedad», ha reclamado la vicepresidenta de la Federación de Entidades de Atención y Educación a la Infancia y a la Adolescencia (Fedaia), Conxi Martínez, en una rueda de prensa conjunta en la sede de la Fedaia, que agrupa a todas las entidades que trabajan con familias acogedoras, salvo la investigada.
Tras darse a conocer el caso del educador social de Castelldans, que acogió desde 1997 a 14 menores y fue detenido por un delito de abusos sexuales y posesión de pornografía infantil, el presidente de la Fedaia, Jaume Clupés, ha lamentado profundamente estos hechos, que ha calificado de «aislados».
Clupés ha explicado que hace más de diez años la entidad a la que pertenecía el presunto pederasta formó parte de la Fedaia, aunque nunca como miembro de la comisión, y ha asegurado que todas las agrupaciones de la federación, a diferencia de la estudiada, suelen informar trimestralmente.
Si bien la administración reclama informes de seguimiento dos veces al año, las entidades de la Fedaia elevan un mayor número de estos documentos por mera voluntad propia: «Cumplimos mínimos de calidad por el hecho de estar adheridos, no nos los impone nadie», ha indicado Martínez.
Ha declinado valorar de momento la medida anunciada por la consellera de Bienestar Social y Familia de la Generalitat, Neus Munté, de aplicar tests psicotécnicos a los acogedores familiares a partir de septiembre, pero han tendido la mano a la administración para implementar más medidas de evaluación y análisis para «mejorar las acogidas», ha señalado el representante de Creu Roja, Jordi Ripoll.
Ripoll ha señalado que nuevas medidas de control deben ser implementadas «no como una respuesta precipitada, sino de una forma ponderada y estudiada», mientras que la representante de Intress Encarna Martín ha pedido que los controles no se conviertan en una persecución a las familias.
«PERSECUCIÓN»
«No podemos convertir las acogidas en una persecución, los acogedores hacen una tarea muy compleja y se debe poder trabajar con ellos desde la confianza», ha reivindicado Martín, quien ha explicado que el seguimiento del menor también se hace desde la escuela y el »esplai».
Ripoll ha remarcado que «el seguimiento incorpora el control y el apoyo», y cerca del 50% de las familias que se postulan para acoger son encaminadas a otros tipos de ayuda social porque no cumplen todos los requisitos, ha añadido.
En un manifiesto conjunto, las entidades han reafirmado su compromiso y profesionalidad, y han manifestado su «preocupación y tristeza» por los niños que han sufrido este tipo de abuso.
«Es un buen momento oportuno y necesario para apoyar a todas las familias acogedoras que todos estos años han ofrecido este servicio de forma desinteresada», ha remarcado Ripoll, quien ha indicado que la acogida familiar debe seguir siendo una solución preferente respecto a otros tipos de atención por la experiencia reparadora que puede aportar.