Jueves 17/08/2017.

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Jueces para la Democracia rechaza la visión "mercantilista" del Gobierno que "no siente Justicia como servicio público"

Jueces para la Democracia (JPD) ha rechazado las medidas presentadas por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, sobre la reforma de la Administración de Justicia al considerar que el Gobierno tiene una visión "mercantilista" y "no siente la Justicia como un servicio público para la ciudadanía, sino como una empresa de la que se obtienen beneficios o pérdidas".
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Así lo ha afirmado este viernes, en rueda de prensa, el portavoz de JPD, José Luis Ramírez, con motivo de la reunión de la Comisión Permanente de JPD en Zaragoza, donde han analizado las medidas de reforma propuestas por el Ejecutivo central y que han considerado "tremendamente negativas".

Ramírez ha observado que algunas de estas medidas "suponen un severo recorte a los derechos de la ciudadanía", y ha mencionado propuestas como la cadena perpetua revisable, la modificación de la Ley del Aborto, la introducción de la multireincidencia o "el recorte en el derecho a la segunda instancia mediante la introducción de tasas disuasorias".

Estas "son medidas que evidencian una determinada concepción de la Justicia anclada en una política económica de sesgo neoliberal", por la que "no se siente la Justicia como un servicio público para la ciudadanía, sino como una empresa de la que se obtienen beneficios o pérdidas y esta concepción mercantilista no la aceptamos como asociación judicial de izquierdas", ha advertido.

En general, "la conclusión que extraemos" de las propuestas planteadas "es tremendamente negativa" porque "no se advierte un hilo conductor, ni una organización racionalmente diseñada para dar solución a los graves problemas estructurales que tiene la Administración de Justicia", entre ellos, el "necesario impulso a la nueva oficina judicial" o que no se mencione los tribunales de instancia o la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

El portavoz de JPD ha remarcado que estas reformas son "absolutamente imprescindibles" para atender "el día a día del ciudadano, para dar al ciudadano un servicio de calidad", son reformas "urgentes y necesarias para modernizar la Justicia" y, aunque tienen un coste, "esa inversión no es gasto porque a medio plazo se verán sus frutos".

OFICINA JUDICIAL

José Luis Ramírez ha señalado que en el caso de la nueva oficina judicial, el ministerio y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) deben "aclarar" qué va a ocurrir porque "parece que va a haber una marcha atrás" y, si así fuera, "a parte de suponer que la inversión que se ha hecho hasta el momento, no vale para nada, paraliza por completo el proceso de modernización de la Administración de Justicia".

Si se paraliza este proceso, ha agregado, "nos deja como estamos, y estamos en el siglo XIX desde el punto de vista de la organización judicial", ha aseverado.

DISCURSO "DEMAGÓGICO"

En el caso de la cadena perpetua y la imposición de penas más severas, ha comentado que los gobiernos conservadores "cuando no saben muy bien qué hacer para dar solución a los problemas sociales buscan la vía de solución a través del aumento de la represión penal", pero la solución a la criminalidad "no es endurecer las penas, y la propuesta va por ahí".

En este sentido, ha detallado que "tenemos un Código Penal muy severo, que establece penas privativas de libertad que pueden llegar hasta los 40 años", por lo que "no se qué se pretende al introducir la cadena perpetua revisable porque ya tenemos una cadena perpetua".

Asimismo, ha apuntado que España tiene una tasa de criminalidad inferior a la del resto de países de su entorno "y, sin embargo, tiene una tasa de reclusos en prisión provisional o cumpliendo condena superior a la del resto", de modo que las propuestas del PP suponen "un discurso demagógico, populista y barato".

En este punto, ha apreciado que todas las medidas planteadas "van orientadas a dar pábulo a este tipo de tentaciones de ceder a la presión de la opinión pública en supuestos que adquieren relevancia mediática para transformar la regulación endureciéndola, pero no servirá para nada", ha aseverado.

ABORTO

Sobre la reforma de la Ley del aborto, ha estimado que el PP la aborda "sacándola de su contexto" porque "no se trata de una cuestión que afecta al derecho penal, sino al derecho a la salud, al derecho de la mujer a decidir".

A su juicio, el sistema de plazos vigente "satisface razonablemente las expectativas e intereses de los implicados" y regresar a un sistema de supuestos, "como se pretende, es hacer un viaje en el tiempo a los años 80", que provocará "el afloramiento de abortos clandestinos y va a generar mucha inseguridad jurídica".

Además, se plantea exigir el consentimiento paterno a las mujeres menores de edad, pero mayores de 16 años, una medida que "no compartimos". Así, se ha preguntado "de qué forma se puede forzar a una mujer a la maternidad en contra de su voluntad" para concluir que "esto ataca frontalmente el principio a la dignidad personal".

También es "una medida contradictoria con nuestro propio sistema que curiosamente permite a la mujer contraer matrimonio a los 14 años sin autorización y luego no puede abortar a los 16 años sin autorización del padre o la madre. Ésta medida rompe los consensos porque plasma una determinada concepción de las relaciones sociales y con sesgo ideológico conservador y reaccionario", ha aseverado.

"RUPTURA DE CONSENSOS"

El portavoz de JPD ha mencionado otro grupo de medidas que "implican una ruptura de consensos esenciales en la democracia, como la reforma del sistema de elección de los vocales del CGPJ y la reforma del sistema de elección de los magistrados del Tribunal Constitucional, que implicaría una reforma constitucional a su vez".

Se trata de instituciones "claves para el Estado constitucional" y que precisan "de amplios consensos para sus reformas", de modo que ha reclamado que se impulsen "políticas de Estado y no partidistas, porque el anuncio del PP parece amparado en una pretensión de dar resolución unilateral a estos problemas aprovechando la mayoría absoluta de que disponen". Las propuestas del PP "no creo que vayan a dar solución a los problemas que se aducen de politización del CGPJ", ha concluido.

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