En rueda de prensa, Ruiz Canto ha explicado que el Gobierno andaluz estableció en el año 2009 el procedimiento y «elementos para dirigir la formación desde el propio Gobierno», por aquel entonces del PSOE.
Concretamente, alude al Decreto 335/2009, de 22 de septiembre, por el que se regula la Ordenación de la Formación Profesional para el Empleo en Andalucía, que sostiene que «sirvió como pivote para establecer, por parte del Gobierno andaluz, una serie de elementos», entre los que cita el Observatorio Argos, al que se refiere como «otro ente paralelo y diferenciado de la Administración, aunque dependiente y controlado por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y, por tanto, por la propia Consejería de Empleo».
Incide en que el Observatorio Argos es «un observatorio teledirigido por responsables del SAE y, por tanto, de la propia Consejería».
Señala que a partir de ese decreto se creó un protocolo que «debería ser objetivo» para detectar las acciones formativas necesarias para generar empleo en Andalucía. Sin embargo, ese protocolo «no ha salido a la luz pública a través de ningún medio oficial, es decir, en ningún boletín oficial».
Explica que dicho protocolo establece cuatro frases que ponen de manifiesto el «monopolio de control que ejerce desde el primer momento el SAE y, por tanto, la Consejería de Empleo y el Gobierno andaluz».
FASES
Expone que el primer paso supone que el «personal directivo» de las Áreas Territoriales de Empleo (ATE) recogerán la información conforme a un protocolo preestablecido, la segunda fase habla de «exclusiones» de esta información en determinadas acciones mixtas de formación y empleo
El tercer apartado, según Ruiz Canto, implica que participe en su cumplimiento «el personal directivo de las Oficinas de Empleo, los Alpes, así como el personal directivo de las Utdlt y, una vez recogida la información se remitirá al Observatorio Argos, que procederá a su tratamiento y explotación».
Un cuarto apartado habla de que «Argos elaborará una propuesta de acciones formativas de acuerdo a la metodología establecida para la detección de necesidades formativas, que se enviará al personal directivo de las ATE para su revisión».
En el quinto punto o fase del protocolo, apunta Ruiz Canto, «ya se hace obvio el mecanismo creado por el Gobierno andaluz al detallar que «el personal directivo de las ATE, examinará la propuesta de acciones formativas, eliminando aquellas que estime no son idóneas y puede proponer nuevas acciones, remitiendo la propuesta de nuevo al Observatorio »Argos»».
En su última fase, el protocolo especifica que «Argos ultimará la elaboración del estudio que será enviado a la Dirección General de Formación Profesional, Autónomos y Programas para el Empleo, para su revisión y posterior publicación en el BOJA».
El dirigente »popular» apunta que, tras esto, queda «muy claro» que «aquí nace el mecanismo por el que después ha ido pivotando todo lo referente a los cursos de formación», incidiendo y reiterando que «el Gobierno andaluz socialista creó los elementos para dirigir la formación a su antojo».