La creencia general es que los trabajadores del sector público poseen empleos estables. Pero nada más lejos de la realidad. Alrededor de un 20% de los empleados de la Administración Pública son interinos o temporales, no tienen ninguna estabilidad ni los mismos derechos que los trabajadores fijos, pese a que incluso el Tribunal Superior de Justicia de la UE considera que deberían tenerlos.
Es el caso de Francisco, nombre ficticio para proteger su identidad, un profesional sanitario del Sistema Nacional de Salud que lleva encadenando contratos temporales desde hace 17 años. Este profesional empezó a trabajar para el sistema sanitario en una Comunidad Autónoma en 1999. Desde entonces ha firmado 578 contratos sin ningún tipo de garantía de que al terminar uno fuese a ser recontratado.
Una realidad del sistema
El socio director de Zeres Abogados, el abogado Fabián Valero, especialista en derecho laboral confirma a Teinteresa.es que este caso es recurrente dentro de la administración pública. «Es el pan nuestro de cada día», explica Valero que asegura que conocen varios casos en la misma comunidad autónoma de profesionales que han encadenado 300 o 200 contratos.
Valero explica que, en este caso, el trabajador estuvo los primeros siete años con contratos para cubrir guardias que duraban apenas un día. «Si se hacen alrededor de ocho guardias al mes, al final de cada año serían casi cien contratos anuales», explican desde el despacho especialista en conflictos laborales.
Esto ocurre porque los interinos o temporales son ‘estatutarios’, es decir dependen del Estatuto Marco y de la ley de cada comunidad pero no tienen los mismos derechos que el resto de trabajadores que se rigen por el Estatuto de los Trabajadores o los que cubren plazas fijas que tienen su normativa en el Estatuto del Empleado Público.
En las empresas privadas la ley obliga a hacer indefinido a un trabajador que lleva dos años como temporal. Para el sistema público esta ley no se aplica.
La falta de enfermeros y auxiliares afecta al paciente
Pero el de Francisco no es un caso aislado. Los sindicatos de los profesionales de la salud, enfermeros o técnicos y auxiliares, denuncian que ‘enlazar’ contratos temporales es una práctica afianzada en la administración española. Las tasas de reposición, es decir, cubrir un puesto cuando un trabajador se jubila o deja su lugar de trabajo por otras causas, ha disminuido hasta niveles alarmantes. No se despide a nadie, pero tampoco se cubren las plazas que van quedando libres, por lo que en la práctica existe una «reducción de plantilla».
Desde el sindicato de Técnicos de Enfermería explican a Teinteresa.es que esto supone un detrimento de la atención al paciente. Según Valero, la Administración utiliza estos contratos temporales para cubrir puestos estructurales, lo que es un fraude en sí mismo, ya que esta modalidad debería utilizarse para casos excepcionales, bajas, o similares. En realidad, los temporales trabajan las mismas horas y en las mismas condiciones que los fijos, pero con menos derechos.
La Administación no reacciona a las sentencias
A raíz de las últimas sentencias, como la de septiembre del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que equiparaba las condiciones de los interinos a las de los puestos fijos, cada vez son más los profesionales del sector público que se animan a denunciar su situación. Los trabajadores «piden que se les considere indefinidos, que no puedan ser cesados de forma arbitraria y que no puedan apartarles de su puesto de trabajo hasta que sea cubierto legalmente», explica Valero.
Tras la sentencia del TJUE, que entre otras cosas equiparaba la indemnización por despido de interinos y fijos, son muchos los tribunales españoles que están fallando a favor de los trabajadores y obligando a la Administración a reconocer sus derechos laborales e indemnizarlos. Sin embargo, desde el sector público no se han tomado medidas para solucionar la situación de estos empleados y sigue siendo necesario denunciar y acudir a los juzgados para conseguir estas indemnizaciones.
Los sindicatos aseguran que muchas de estas personas desisten de la vía judicial. «Han pasado cuatro meses desde la sentencia del TJUE pero las administraciones siguen haciendo lo mismo», asegura Valero, que considera que «cambiar la ley es impresdindible», pero lo cierto es que por ahora no hay ninguna medida concreta sobre la mesa.