Lunes 05/06/2017.

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¿Cómo podemos mejorar el bono social eléctrico en España?

  • ¿Cómo funciona el bono social en otros países de Europa?

Termina el invierno y llega la anunciada reforma para el bono social eléctrico, que ayuda a las familias que padecen pobreza energética. Esta semana se han filtrado algunas de las medidas que el Gobierno tiene pensado aplicar en el borrador de la reforma que pretende crear categorías de vulnerabilidad y evitar cortes de suministro. 

Algunas de las medidas que ahora se ponen sobre la mesa a nivel estatal ya están siendo puestas en marcha por algunos ayuntamientos, como prohibir los cortes de luz en meses de fio intenso. Sin embargo, el problema de la financiación, la colaboración de las eléctricas o que sea necesario pedir el descuento de forma "rogada" son agunos de los puntos más calientes de la reforma legal. ¿Qué debemos mejorar?, ¿cómo puede hacerse?, ¿qué hay ahora mismo y qué va a cambiar? y ¿qué hacen el resto de países europeos? Estas son las respuestas a los principales interrogantes que plantea el nuevo texto. 

¿Ahora ya existe el bono social? 

Sí. La ley para implantar el bono social se desarrolló a través del Real Decreto 7/2016. En esta ley establecía un descuento de hasta el 25% en la tarifa de la luz, lo que podía suponer unos 180 euros de ahorro anuales. El descuento era aplicable solo si se cumplían más de uno de estos requisitos: 

  • Que la potencia contratada fuese menor a 3kW
  • Que sea la primera vivienda y en ella resida una familia numerosa
  • Que todos los mimentos estén en paro 
  • Que el solicitante sea pensionista, mayor de 60 y con pensión mínima o incapacidad permanente

¿Entonces por qué se cambia? 

Según la Organización del Consumidor (OCU), el bono social nació como "un parche" para paliar los efectos de las continuas subidas del precio de la luz. Sin embargo, las asociaciones lo consideraban "insuficiente" y la Justicia española tumbó en dos ocasiones el modelo de financiación que traspasaba los gastos del descuento a las comercializadoras eléctricas. 

Además, en la primera ley que se puso en marcha, el concepto de "consumidor vulnerable" no estaba especificamente definido y, según la OCU "pasaba por alto algunos problemas más gravs asociados a la pobreza energética y los cortes de suministros". 

¿Qué novedades incluye el proyecto? 

Aunque todavía no se conoce el borrador final, sí que se han filtrado algunas de las propuestas que podrían incluirse y que el Gobierno está barajando. 

  • Se crea una categoría de hogares vulnerables severos en riesgo de exclusión social, que evitarán los cortes de suministro si la administración contribuye con el 50% del coste de ese suministro y tendrán un mayor descuento en la tarifa.
  • El IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples) se usará para determinar los umbrales de renta de las diferentes categorías. Los umbrales pueden modificarse en algunas circunstancias (en caso de minusvalía, por ejemplo).
  • Antes de iniciar el proceso de corte de suministros los impagos deberán reclamarse mediante comunicaciones fehacientes (hasta 3 comunicaciones). No podrá cortarse el suministro hasta que hayan pasado dos meses de la reclamación fehaciente del pago (el plazo se extiende a 4 meses si el consumidor está reconocido como consumidor vulnerable severo).
  • La administración podrá acceder a la información de las interrupciones de suministro previstas con el fin de identificar hogares en riesgo de exclusión social.
  • Las comercializadoras deben informar a los clientes del derecho del cliente a acogerse al Bono Social (y también de la posible pérdida de este derecho si contratan en el mercado libre).
  • No podrá haber ninguna penalización por romper el contrato vigente para activar el Bono Social

¿Qué podemos mejorar? 

El codirector de Selectra, Gonzalo Lahera, explica a Teinteresa.es que hay varios puntos en los que el sistema del bono social podría mejorarse y que puede que se incluyan en la ley. 

Uno de los principales puntos a tratar es el de la financiación de estas ayudas. "Se puede hacer mediante los PGE, mediante impuestos en la factura de la luz o gas o mediante un copago con las comercializadoras.  Por ejemplo, Italia y Francia lo hacen a través de los PGE y mediante impuestos en las facturas que van destinados, en parte, a este fin", dice Lahera. 

"Sin duda, las comercializadoras recibirían bien no tener que hacerse cargo de ese coste sino que fuera pagado a través de los PGE, sin embargo, según El Real Decreto-Ley 7/2016, de 23 de diciembre, todas las comercializadoras que operan en España –alrededor de 200- financiarán la ayuda en base a su cuota de mercado", explica. 

Además, los expertos aseguran que incluir el gas natural en la tarifa social supondría ayudar a muchas familias a abandonar otras formas de energía más contaminantes y menos eficientes. 

Otra de las cuestiones que están sobre la mesa es si la aplicación de este bono social debería ser "rogada", es decir, los afectados tienen que solicitarlo a las compañías, o de aplicación automática. Desde Selectra opinan que lo mejor sería acutar "de oficio", de forma que "la lista de clientes en riesgo sería determinada por el Estado y comunicada a las compañías". 




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