Los periodistas afectados, y sus medios de comunicación, no están siendo investigados por el fondo del denominado «caso Cursach», sino por una información periodística, producida supuestamente a raíz de una filtración, relativa al citado asunto, en la que se daba cuenta de determinados hechos, nunca desmentidos.
Acijur también expresa «la más contundente oposición a cualquier actuación, policial o judicial, que ponga en entredicho el derecho a la confidencialidad de las fuentes de información».
Recuerda esta asociación que los medios de comunicación, «en su papel esencial de intermediarios del derecho a la información y a la libertad de expresión, del que son titulares todos los ciudadanos, «han mostrado, muestran y mostrarán siempre un decidido compromiso de apoyo a las instituciones del Estado de Derecho, pero este compromiso no puede entenderse fuera de los principios constitucionales que rigen en nuestro país y que amparan, entre otro derechos, el secreto profesional».