El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha elevado una exposición razonada al Tribunal Supremo para investigar al vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, por delitos de descubrimiento y revelación de secretos, con agravante de género, daños informáticos y acusación o denuncia falsa y/o simulación de delito en relación con el robo del móvil de su exasesora Dina B, según ha informado la institución judicial en un comunicado.
Así, el magistrado considera que Iglesias usó de forma fraudulenta este proceso para intentar lograr algún tipo de ventaja electoral.
Esta decisión se toma tres semanas después de que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional devolviese a Iglesias la condición de perjudicado en el caso Dina.
El origen de este procedimiento, explica el magistrado, es el robo del teléfono móvil de la exasesora el 1 de noviembre de 2015, que contenía una tarjeta de memoria mini SD. Según el auto, dos años más tarde, el 3 de noviembre de 2017, se lleva a cabo una entrada y registro en la vivienda del excomisario en la que aparecen un disco duro con dos carpetas DINA 2 y DINA 3 y otro pen drive con las carpetas DINA 2 y DINA 3.
De acuerdo con la investigación, el contenido de la tarjeta llegó a Villarejo a través del director de la Revista Interviú, Luis Alberto P. y el subdirector, Luis R., quienes a su vez entregaron una copia al director del Grupo Zeta.
Según señala el titular del Juzgado central de Instrucción 6, Pablo Iglesias recibió del director del Grupo PZeta, el 20 de enero de 2016, la tarjeta de memoria original mini SD procedente del teléfono de Dina B., en la que comprobó que almacenaba archivos personales y de carácter muy íntimo de aquella.
“Pese a ello se guardó la tarjeta en su poder, sin decírselo a su propietaria aun cuando ambos eran personas cercanas (ella había sido su asesora) y el conocimiento que tenía de la desaparición de los objetos de ella desde noviembre de 2015”, explica el auto.
El juez sospecha de que Iglesias se quedó la tarjeta porque comprobó que había capturas de pantalla de grupos de mensajería donde aparecía él , y que acabaron siendo publicadas en diferentes medios.
«Pese al conocimiento de su falsedad y puestos de común acuerdo; el aforado, secretario general de Podemos; la responsable de los servicios jurídicos del partido y la letrada del partido, Marta F.N., como ejecutora material, simulan que la publicación de las imágenes en el semanario OK Diario durante los días 21 y siguientes del mes de julio, fue el resultado de un encargo realizado al excomisario para perjudicar a Pablo Iglesias Turrión» , asegura el comunicado.
El magistrado señala también como otro factor destacable que, cuando Iglesias devolvió a Bousselham la tarjeta, esta estaba inoperativa. “Está inservible para su funcionamiento”, subraya García-Castellón.
Así mismo, el juez califica de “consciente y planificada actuación falsaria desplegada por el sr. Iglesias con su personación, fingiendo ante la opinión pública y ante su electorado, haber sido víctima de un hecho que sabía inexistente, pocas semanas antes de unas elecciones generales».
A partir de ahora el fiscal y las acusaciones personadas disponen de 10 días para solicitar la apertura de juicio oral o el sobreseimiento de la causa.