Una de las principales controversias que se ciernen en torno a los sindicatos es el asunto de la financiación, un dato sobre el que hay cierta opacidad por parte de los sindicatos que no sirve más que para aumentar las especulaciones. El propio Tribunal de Cuentas advirtió sobre el oscurantismo de las subvenciones que reciben los sindicatos pese a que estos, según la mayor parte de nuestros expertos, se financian en su mayor parte con fondos públicos. Otra cosa es lo que dicen los propios sindicatos. UGT asegura financiarse en un 70% con cuotas de afiliados – aunque no especifica si contabiliza o no las subvenciones indirectas por cursos, representación, etc – mientras que CC.OO. afirma en su última memoria de actividad que sus ingresos por cotización superan el 45% de los ingresos propios, esto es, excluyendo aquellos que tienen una finalidad concreta (por ejemplo, la formación).
A pesar de estos datos la mayor parte de nuestros expertos creen que el grueso de sus presupuestos corresponden a ayudas públicas y así, el catedrático de Economía Aplicada del CEU, Javier Morillas, atribuye a los sindicatos mayoritarios una proporción del 80% de su financiación de fondos públicos y el 20% de fondos privados, “Sin embargo en otros sindicatos minoritarios como USO sucede lo contrario, el 80% de sus recursos viene de la mano de sus afiliados y simpatizantes al igual que sucede en países como Alemania, donde los sindicatos funcionan con las cuotas de sus propios afiliados”.
El catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad de Sevilla, Jesús Cruz Villalón, coincide en que el grueso de la financiación de los sindicatos proviene de fondos públicos, aunque recuerda que los datos son de acceso público, “si bien requieren una tarea ardua porque vienen de muchos sitios distintos”. En otros países el peso de los sindicatos depende del número de afiliados pero en España sólo se tiene en cuenta el número de delegados que logran en las elecciones al comité de empresa y esto desmotiva a los sindicatos para tener más afiliados. “Este es un modelo que con el paso del tiempo acaba perjudicando al sindicato porque le hace muy dependiente de los fondos públicos. En su origen había que entenderlo como bueno y satisfactorio pero ahora están aflorando los aspectos negativos y habría que revisarlo”, asegura.
Los sindicatos en España son muy jóvenes y su tasa de afiliación, en torno al 19%, está cinco puntos por debajo de la media europea. A día de hoy, UGT y CCOO se reparten 2,3 millones de afiliados, el 75% del total. “Durante la Transición – explica el sociólogo de la Universidad Complutense, Pablo López Calle – interesaba que hubiera una representación obrera en consonancia con los modelos europeos, de ahí que tuvieran apoyo en la financiación. En cierto modo se puede decir que los sindicatos fueron implantados desde arriba. Sin embargo a la larga han terminado por descuidar la afiliación con lo que han perdido autonomía y fuerza en la negociación”.
Liberados sindicales, ¿con qué dinero?
Otro de los asuntos que más debate suscita es el de los liberados sindicales, cuyo número es aún más indescifrable que el de los presupuestos. La CEOE calcula que el sector privado puede soportar algo más de 4.000 liberados y el sector público podría tener otro tanto. El problema y más en tiempos de crisis es: ¿quién paga al liberado?
“El trabajador debería pagar personalmente sus horas de liberado pero esto no sucede así. Su sueldo se detrae del sueldo del conjunto de los trabajadores. Es un coste que se calcula en función de la contratación, como la cuota de la Seguridad Social y siempre es imputable al trabajador aunque lo pague el empresario. La disposición de un delegado sindical y su coste debiera ser una libre elección del trabajador, como la contratación de un asesor o un abogado y no una imposición”, explica el economista y director del Instituto Juan de Mariana, Juan Ramón Rallo.
Para Javier Morillas, en una situación económica frágil, la gente percibe de forma negativa la figura del delegado sindical y esto es peor aún cuando se trata de un liberado del sector público. “El sindicalismo nació para detraer una plusvalía del capitalista pero hoy en día un gran número de liberados viene del sector público y por tanto le cuestan dinero al contribuyente, que es quien financia a las administraciones y empresas públicas”, asegura.
El liberado sindical tiene muy mala prensa y esto es algo que Pablo López Calle, sociólogo de la Universidad Complutense, no comparte. “Seguro que hay casos puntuales en los que el liberado aprovecha su condición para beneficiarse, pero la realidad que yo conozco es que en general cumplen su función y a menudo trabajan más horas de las que lo harían en su puesto de trabajo. Muchas veces son personas que renuncian a su carrera profesional, que se quedan con la categoría de inicio y a los que les cuesta mucho volver a su puesto de trabajo puesto que no han sumado experiencia”.
Financiación pública, más transparencia
Un aspecto en el que sí coinciden nuestros expertos es que la financiación pública exige un ejercicio de transparencia mucho mayor que el que a menudo exhiben. “Todo el sistema que provenga de financiación pública debe ser obligadamente público y los sindicatos no pueden ser una excepción en esa transparencia, como tampoco lo pueden ser los partidos políticos o la iglesia. La transparencia significa una posibilidad de acceso sencilla sin que haya que hacer una labor de investigación y rastreo”, comenta el catedrático de Derecho del Trabajo, Jesús Cruz.
Para Rosario Gallardo, sin embargo, los sindicatos funcionan con plena democracia interna. “Todos los sindicatos tienen la obligación estatutaria de llevar un libro de cuentas y tenerlo a disposición de sus afiliados. Otra cosa es que los afiliados no hagan uso de él, lleven mayor control o no lo lleven, pero el libro existe y está disponible. Además, los principales sindicatos cuentan con una comisión de cuentas para llevar el control de las mismas a nivel de gastos e ingresos”, explica, añadiendo además que CCOO – no así UGT, cuyo secretario general lleva ya 21 años en el cargo – tiene limitación de mandatos: dos como máximo y un tercero excepcional.
Para Juan Ramón Rallo, al tener fondos públicos, los sindicatos deberían ser más transparentes pero para él se trata de un debate secundario que ni siquiera debería darse. “La clave es que no reciban fondos públicos y que luego sean todo lo opacos que quieran”, concluye.
