Lunes 15/01/2018.

PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

Tecno

La obsolescencia programada a debate tras el caso Apple

  • El 77% de los europeos quieren un modelo de producción más sostenible

La obsolescencia programada es una práctica utilizada por algunas compañías para poner fecha de caducidad a sus productos y obligar a los usuarios a adquirir otros nuevos. Para combatirla, el Parlamento Europeo pidió a la Comisión Europea sacar adelante una medida para que los usuarios puedan reparar sus dispositivos fácilmente y en cualquier proveedor no oficial en julio de 2017.

Medio año después, tras el caso Apple que la fiscalía francesa está investigando por la ralentización programada en las baterías del gigante de Silicon Valley, la Comisión Europea planea medidas dentro del marco comunitario para evitar que la obsolescencia programada acorte la vida útil de todo tipo de productos.

La Comisión Europea ha decidido poner el foco en esta práctica tras las sospechas que sobrevuelan a Apple, que ha sido acusada por la asociación francesa Alto a la Obsolescencia Programada de "aprovechar la actualización de sus sistemas operativos para ralentizar el funcionamiento de las versiones más antiguas de sus iPhone y así aumentar las ventas de sus versiones más innovadoras".

Bruselas quiere saber si el caso Apple es extrapolable a escala europea, y en caso de ser así, llevar los casos a la red paneuropea de autoridades de protección al consumidor.

La propuesta del Ejecutivo de Juncker es introducir etiquetas en los productos que incluyan la durabilidad y reparabilidad de los productos (sean móviles, televisores, frigoríficos o calefactores) para fomentar la "economía circular", es decir, el mantenimiento del valor de los productos y los materiales durante el mayor tiempo posible.

La competencia para investigar el incumplimiento de la normativa europea sobre protección al consumidor es de los Estados miembro (en España esta práctica no es ilegal), pero dado la digitalización de la economía ha globalizado las ventas y los productos se diseñan de forma muy similar en todo el mercado europeo, por lo que Bruselas tomará medidas a nivel comunitario.

Crecen así las voces de quienes proponen legislar a nivel europeo la obsolescencia programada, una práctica que no solo perjudica a los usuarios sino también al medio ambiente, debido al aumento de los residuos y el desperdicio de materiales que podrían ser reutilizados o, como poco, ser utilizados durante más tiempo.

Francia es el país europeo más avanzado en la lucha contra estas prácticas, pero España en particular y Europa en general no tienen armas legislativas para combatir la obsolescencia programada, afirma Benito Muros, presidente de la fundación Feniss. La Ley de Garantías lo permite, con lo cual, la única solución pasa por forzar al Gobierno para que cambie la legislación y proteja a los usuarios frente a las grandes compañías.

Según el Eurobarómetro de la Comisión Europea, el 77% de los ciudadanos comunitarios exige un modelo de producción más sostenible con el medioambiente y menos encaminado al consumo compulsivo.

Los europeos prefieren arreglar sus productos en lugar de adquirir nuevos pero la falta de información, la complejidad de ciertos componentes o la ausencia de cambios viables fuerzan que productos poco usados se desechen prematuramente.

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