Negociaciones in extremis entre PP y PSOE para concretar la enmienda que regulará el cigarrillo electrónico. Hasta apenas una hora antes de que empezara la Comisión de Sanidad en el Congreso no existía acuerdo entre los dos grupos mayoritarios. El detalle más espinoso, el de la publicidad. La enmienda inicial limitaba la prohibición de publicidad a los cigarrillos electrónicos que contienen nicotina. El PSOE, en cambio, considera que el simple ‘vapear’ un aroma ya puede acabar despertando una adicción al tabaco de los adolescentes, y por este motivo ha negociado hasta última hora que la publicidad en horario infantil se prohíba también para los cigarrillos electrónicos exentos de nicotina. Finalmente, el PP ha introducido en la enmienda “dispositivos susceptibles de liberación de nicotina y productos similares”, que incluye este grupo de cigarrillos sin nicotina, y el texto se ha aprobado por 43 votos a favor, con la única abstención de UPyD. Así, se prohíbe su publicidad en la emisión de programas dirigidos a menores de edad y en la franja comprendida entre las 16:00 y las 20:00. También queda prohibido su uso en centros sanitarios y educativos (salvo universidades), parques infantiles, y el transporte público, ya sea por carretera, ferroviario, marítimo o aéreo.
La normativa aprobada pasa ahora al Senado, pero aun así, será provisional, puesto que deberá transaccionarse la directiva que la semana que viene aprueba el parlamento europeo.
Al margen de la enmienda de los cigarrillos electrónicos, la reforma de la Ley de Defensa de los Consumidores se aprueba sólo con los votos del PP y aporta también otras medidas significativas. Se limita e al spam telefónico, las llamadas de empresas a particulares para vender servicios, que a partir de ahora no podrán realizarse de 9 de la noche a 9 de la mañana ni durante los fines de semana. Igualmente, se amplían los derechos de los consumidores en las compras realizadas a través de Internet, y, por ejemplo, el periodo de reclamación pasará de 7 días hábiles a 14 días naturales. Los consumidores dispondrán también de la posibilidad de elegir tener la factura en papel o de forma electrónica sin sobrecoste alguno.
El texto aprobado también incluye una modificación de la Ley del Sector Eléctrico para adecuarla al nuevo sistema de cálculo de las tarifas eléctricas que está elaborando el Gobierno. Las comercializadoras de referencia (Endesa, Iberdrola, Gas Natural, E.ON, EDP, HC, Empresa de alumbrado eléctrico de Ceuta y Gaselec) tendrán la obligación de hacer ofertas a los consumidores acogidos a la tarifa establecida por el Gobierno con un precio fijo de la energía eléctrica para periodos anuales. El nuevo sistema de cálculo para la energía sustituye a las subastas trimestrales vigentes desde 2009 y entra en vigor a partir de abril.
La portavoz popular Andrea Fabra, considera que la nueva ley aporta “mayores garantías a todos los consumidores y mejor calidad en la información”. De hecho, una de las medidas aprobadas es que los contratos con los clientes tengan un tamaño de letra suficiente para garantizar la legibilidad del documento. Así mismo, cuando un cliente presente a una compañía una reclamación por teléfono, el coste de esta llamada no podrá suponer ningún beneficio económico para la empresa.
Para la portavoz socialista, Pilar Grande, la ley significa un claro avance en la protección al consumidor, en especial, en la venta por Internet. Grande quiso agradecer públicamente a Fabra sus gestiones de última hora para poder salvar la enmienda del cigarrillo electrónico.
CiU, que también votó a favor de esa enmienda, criticó, sin embargo, la “falta de lealtad del Gobierno” en esta ley. Según su portavoz en la Comisión de Sanidad, Lourdes Ciuró, la normativa “se desentiende de las personas no amparadas por las cláusulas abusivas y que han sido desahuciadas”. Ciuró, al igual que Joan Tardà, de ERC, solicitó que sea obligatorio el uso del catalán y otras lenguas co-oficiales, en las comunicaciones de las empresas a sus clientes. Esta propuesta no prosperó y las compañías solo estarán obligadas a informar en castellano, aunque será voluntario el utilizar las otras lenguas oficiales.