Lunes 05/11/2018.

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El Caso Torras - KIO (1993): Javier de la Rosa cambia el glamour por una celda

  • El escándalo KIO (Kuwait Investments Office) comenzó a investigarse el 8 de enero de 1993 por una denuncia del grupo Torras.
  • Supuso la suspensión de pagos más alta hasta la fecha: 243.000 millones de pesetas, unos 1.500 millones de euros.


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  • La detención de Javier de la Rosa causó un fuerte impacto en la alta sociedad

Conocido tanto como el Caso Torras, el Caso KIO, o el escándalo de Javier de la Rosa, supuso uno de los proceso judiciales a una trama empresarial más sonados de la historia de España en la década de los 90, y que terminó con la suspensión de pagos más alta hasta la fecha: 243.000 millones de pesetas, algo menos de 1.500 millones de los actuales euros.

El caso Torras, instruido en la Audiencia Nacional, se divide en cuatro procesos o piezas judiciales diferentes WardBase, Icsa-Impacsa, Pincinco-Oakthorn-Prima Inmobiliaria y Quail-ACIE.

El escándalo KIO comenzó a investigarse el 8 de enero de 1993, a raíz de una querella recibida por el juzgado de instrucción número 3 de Madrid, presentada por el Grupo Torras contra el expresidente del grupo Javier de la Rosa, su ex consejero delegado Jorge Núñez Lasso de la Vega; los ex consejeros Narciso de Mir, Miguel Soler y Juan José Folchi; y el ex presidente y ex vicepresidente del consejo Sheik Fahad y Fouad Khaled Jaffar, ambos kuwaitíes.

Desde el Grupo Torras se consideró que los ex gestores no sólo actuaron de forma fraudulenta y provocaron la descapitalización y posterior suspensión de pagos del grupo, sino que incurrieron en los delitos de falsedad en documento público y mercantil, estafa, maquinación para alterar el precio de las cosas y delitos fiscales.

El primer instructor del caso fue el juez de delitos monetarios Miguel Moreiras, que rechazó la querella cuatro veces y la admitió finalmente a trámite en febrero de 1994 obligado por una instancia superior, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, tras un recurso del grupo querellante.

Moreiras fue sustituido por la juez Teresa Palacios el 31 de diciembre de 1996, al ser sancionado por el CGPJ por revelación de secretos sumariales. En noviembre de 1999 la juez Palacios, junto con el fiscal anticorrupción Salvador Viada, concluyó la instrucción de las piezas separadas.

Wardbase

La primera de las piezas en la que se desgajó el caso. Esta operación se refiere al pago de 1.900 millones de pesetas (11 millones de euros), en 1992, mediante factura falsa, al financiero Manuel Prado y Colón de Carvajal, a través de la sociedad pantalla

Cuatro de los siete acusados cuando se inició el juicio en 2002 se beneficiaron del sobreseimiento de las causas en su contra por la prescripción de los delitos, mientras que Javier de la Rosa, Manuel Prado y Colón de Carvajal y Jorge Núñez continuaron en el banquillo.

Javier de la Rosa fue condenado por la Audiencia Nacional a cinco años y medio de prisión por apropiación indebida y falsedad documental, aunque el tribunal accedió a que se le tuviera en cuenta los periodos de prisión preventiva por otros asuntos. El financiero ya ha cumplido con esta condena.

Icsa-Impacsa

Esta causa es relativa a tres ventas sucesivas de las papeleras Icsa e Impacsa, en 1988, que provocaronpérdidas de entre 7.000 y 15.000 millones de pesetas. Las operaciones no fueron declaradas en España y en consecuencia, los beneficios no retornaron al Grupo Torras.

Las papeleras, cuyo valor pasó en veinte meses de 4.000 a 12.000 millones de pesetas, fueron adquiridas finalmente por la sociedad irlandesa Jefferson Smurfit. La operación se llevó a cabo supuestamente a través de sociedades instrumentales en Holanda y Gibraltar, y los 8.000 millones de plusvalías podrían haber ido a cuentas suizas abiertas por De la Rosa.

El 15 de marzo de 2004 la Audiencia Nacional condenó a De la Rosa a tres años de prisión por esta pieza, aunque la sentencia está pendiente del Tribunal Supremo.

Pincinco-Oakthorn-Prima Inmobiliaria

Esta pieza la componen la operación Pincinco (por presunta apropiación de 300 millones de dólares durante la Guerra del Golfo), Oakthorn (en relación con el préstamo de 105 millones de dólares a esta sociedad), y la posible manipulación de las cotizaciones de Prima Inmobiliaria a principios de la década de los 90.

De la Rosa fue condenado por la Audiencia Nacional a cinco años y dos meses de prisión acusado de apropiación indebida y de falsedad documental por la operaciones de Pincinco y Oakthorn, pero la sala no encontró delito en las actuaciones de Prima Inmobiliaria.

Quail-ACIE

En la operación Quail-España, se investigó el desvío de unos 65,447 millones de euros procedentes del Grupo Torras a través de la entidad Quail, propiedad de Javier de la Rosa. La segunda operación se refiere el desvío de 6,3 millones de euros propiedad de la misma entidad, sustraídos a través de la filial ACIE.

Sin embargo, la Audiencia Nacional no ha condenado a De la Rosa por esta pieza, ya que considera que no se ha acreditado suficientemente "la convicción de que conoció y aprobó las gestiones de Acie facturando servicios inexistentes".



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