¿Lo más importante de la ley de educación? Matenáticas, Lengua, expresión oral. El abandono escolar, no tener ninguna universidad pública entre las 100 primeras… No, es el problema del castellano y el catalán, las competencias de las CCAA, el «esta es mi parcela y no me la toques». Lo que tiene que en este país sea imposible hacer una ley de educación sin consenso. Siete se han hecho y todas sin consensuar las líneas básicas de algo tan vital como la educación.
Así no es de extrañar que una de las noticias del día venga del arrebato de Catalunya contra la ley, y de sectores de la educación y de Bildu, por si faltaba alguien en la fiesta. El conseller de Interior, Ramon Espadaler, ha señalado hoy que el gobierno catalán llevará al Tribunal Constitucional la nueva Ley de Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) si no hay modificaciones sustanciales en su paso por el Congreso.
En una entrevista en Catalunya Ràdio, el conseller ha opinado que se trata de una ley que «en tanto que preconstitucional es anticonstitucional».
A su juicio, desde determinadas fuerzas políticas del Estado «no se ha entendido ni se quiere entender que el Estado español está compuesto por diferentes realidades nacionales y que algunas de ellas, como es nuestro caso, también están dotadas de una lengua propia».
Entiende el conseller que la aplicación de la ley impulsada por el ministro José Ignacio Wert provocaría «dos países diferentes». «La ley es un verdadero atentado a la convivencia de Cataluña desde esta perspectiva», ha sentenciado. Ha subrayado que lo que hay que poner en valor es la ley consensuada que se aplica en Cataluña.
Bildu habla de una ley que solo busca crear mano de obra
El parlamentario de EH Bildu Dani Maeztu ha emplazado a dar «una respuesta conjunta de país» a la Ley Wert, aprobada este viernes en el Consejo de Ministros, «más allá de interponer un recurso ante el Tribunal Constitucional».
En declaraciones realizadas en el debate de »El Parlamento de la indas» de Radio Euskadi, Maeztu ha manifestado que esta Ley supone «café para todos y da igual quien haga los deberes bien o mal». En este sentido, ha recordado que la reforma «se basa en los datos de fracaso escolar» que sería de alrededor de un 25 por ciento en el Estado español, pero ha recordado que en la Comunidad Autónoma Vasca es de un 15 por ciento.
Asimismo, ha señalado que su objetivo no es «formar a las personas, sino crear mano de obra para un mercado globalizado». «Desde el inicio, echa para atrás», ha apuntado.
A su juicio, también «se aprovecha para darle un contenido ideológico», con la religión como «asignatura evaluable» y con el tema lingüístico, al proponer la subvención a aquellas familias que elijan la educación en castellano.
Por ello, ha denunciado que el PP promueve «proyectos de ley totalmente recentralizadores, que se hacen con total imposición, y el único recurso no puede ser acabar en el Tribunal Constitucional». «Puedo para entender que, para Murcia, Cantabria y otras comunidades autónomas, pueda ser ésa la última vía», ha indicado.
En este sentido, ha destacado que la vasca tiene «unos derechos históricos, basados en la bilateralidad y en el consenso, algo que no se cumple en estas leyes». «Por tanto, es necesario una respuesta de país y emplazamos a que se dé una respuesta conjunta, más allá de poner, simplemente, un recurso en el Tribunal Constitucional», ha concluido.