Sábado 10/12/2016.

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Las diputaciones arrastran un agujero de más de 6.300 millones de euros

  • La deuda se acerca al 1% del PIB
  • Los 52 gobiernos provinciales no tienen clarificadas sus competencias y se duplican servicios, atribuidos a las comunidades
  • El Estado aporta unos 22.000 millones de euros al año a estas instituciones, que son dependientes
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  • Castellón pone su aeropuerto como ejemplo de la labor de las diputaciones provinciales

Se ven relegadas a un mero papel asistencial para pequeños municipio y se quejan de que su gestión es marginal en el conjunto de las administraciones públicas. Ni siquiera la Ley clarifica sus competencias, delegando en las autonomías la potestad de encomendar servicios. Lo que está claro es la deuda que arrastran. Según datos del Ministerio de Economía y Hacienda, los gobiernos provinciales tienen un agujero de más 6.300 millones de euros, una cantidad que se acerca al 1% del PIB.

En España hay 41 diputaciones - tres son forales en el País Vasco- siete cabildos y cuatro consejos insulares.  En las comunidades autónomas uniprovinciales no existe esta administración, porque las funciones las asume la comunidad. La Constitución, a través del artículo 141, reconoce el papel de estos organismos provinciales, pero en el debate político su utilidad está siendo más que discutida, y el último en dudar de su función pública ha sido el candidato socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, quien opina que “sobran diputaciones”.

La financiación de los gobiernos provinciales depende en un 80% del Estado, que transfiere unos 22.000 millones de euros al año, y el resto de las autonomías.  Y el problema es que, salvo las diputaciones forales vascas que disponen de mecanismos de recaudación vía tributos, el resto no tienen capacidad para generar ingresos, no son autónomas. Si a esto se suma que sus competencias no están definidas, su capacidad de maniobra resulta muy limitada.

Las diputaciones se quejan de su falta de competencias y piden al Estado que refuerce sus funciones. Así se refleja en un informe de la Fundación Democracia y Gobierno Local, que reconoce la duplicidad de servicios en algunos municipios, porque se solapan las competencias del órgano provincial y la autonomía, como la asistencia a dependientes, los servicios turísticos o los centros de salud. 

A pesar de la confusión sobre sus funciones, los gobiernos provinciales tienen tres ámbitos de actuación definidos: el área de bienestar social, la prevención y extinción de incendios y las pequeñas infraestructuras, como las carreteras, caminos vecinales y mobiliario urbano.

La constitución de la diputación depende de los resultados en las elecciones municipales. La fuerza política más votada en la provincia es la que forma gobierno en la institución provincial.

Eliminarlas no será tarea fácil

Entre la clase política ha ido tomando fuerza la opinión de que es necesaria una reformulación de la función de las diputaciones.  El portavoz del equipo de gobierno en la Diputación de Málaga, Francisco Salado, (PP) está de acuerdo con Rubalcaba en abrir el debate para clarificar las competencias de la diputación, pero rechaza que sean prescindibles. “Son necesarias para los pequeños municipios, que no tienen capacidad para asumir determinados servicios, como la recogida y el tratamiento de residuos, o la extinción de incendios, por eso se crean consorcios”.  El problema, a su juicio, es que los gobiernos provinciales asumen funciones de las comunidades y eso genera pérdidas, por eso hay números rojos en las cuentas. “Estamos haciendo centros de mayores, colaborando en la construcción de una escuela de enfermería, son servicios de la autonomía”.  El dirigente popular es partidario de ampliar las competencias, pero insiste en que si se asumen, eso debe tener la correspondiente dotación presupuestaria.  En el caso de Málaga, la diputación debe 162.000 millones de euros.

Redefinir el papel de la diputación implicaría limitar las funciones de las autonomías. Así lo señala Manuel Pleguezuelo, vicedecano Colegio de Politólogos y Sociólogos de Murcia, que aboga por que los ayuntamientos integren nuevas vías de recaudación tributaria y los entes provinciales se encarguen de administran esos recursos, sobre todo para los pequeños municipios. Hay que tener en cuenta que en España el 60% de las localidades tienen menos de 1.000 habitantes. “Eliminar las diputaciones llevaría a una discriminación social en función del territorio, pues los pequeños municipios perderían servicios, a favor de los grandes”.

Rubalcaba: “Las diputaciones son del siglo XIX, y sobran”

El candidato del PSOE a las elecciones del 20-N, Alfredo Pérez Rubalcaba, lo tiene muy claro. Las diputaciones provinciales tal y como están configuradas “son una cuarta administración que sobra”. El dirigente socialista opina que las diputaciones forman parte “de una estructura del siglo XIX” que, a su modo de ver, habría que “replantearse”, cambiar el funcionamiento para que no se solapara con el de las otras administraciones. Por si no, Rubalcaba piensa que si “las diputaciones quieren seguir haciendo lo que están haciendo, sobran”.

 

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