Martes 28/07/2020.

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Un sondeo los coloca como tercera fuerza política

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Podemos no garantiza que sus propuestas puedan aplicarse en España

  • Medidas como la renta básica para todos, una de las grandes propuestas para las elecciones europeas, podrían no tener encaje en un programa para las generales. 
  • La formación de Pablo Iglesias ha encargado a varios economistas que estudien su viabilidad económica.
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1.245.948 votos obtuvo Podemos en las pasada elecciones europeas, lo que convirtió a la formación de Pablo Iglesias en la gran sorpresa electoral del momento. 

El éxito venía explicado por un fuerte sentimiento de ruptura con el bipartidismo, apoyado con un programa que  claramente entroncaba con los deseos más básicos de los votantes: renta universal para cualquier ciudadano por el mero hecho de serlo, impago de la deuda, jubilación a los 60, subida del salario mínimo... 

Pero lejos de quedarse en un fenómeno puntual, las encuestas vienen avalando el éxito de Podemos en unas eventuales elecciones generales. La última, de Sigma Dos, coloca a la formación como tercera fuerza política, con un 21'2% de los votos, y a escasa distancia de un PSOE en caída libre, que obtendría el 22'3% de sufragios. El PP sería vencedor, aunque con un ajustado 30'1%. 

Determinar cuánto hay en este éxito de factor "castigo" a los dos partidos mayoritarios  o de confianza en sus propuestas es uno de los grandes retos para la formación de Iglesias que, en la segunda quincena de octubre, celebrará su gran Asamblea Constituyente. Un encuentro, de dos días de duración, en el que se definirán programas y objetivos

Porque, a día de hoy, desde Podemos  admiten que no existe un programa definido y que su texto para Europa podría no tener encaje en la realidad española. Así lo ha confirmado uno de sus ideólogos, Juan Carlos Monedero, en conversación con este periódico. 

Desde la formación insisten en que sus propuestas electorales, también las de mayor calado, como la de la renta universal o la de una rebaja de la edad de jubilación hasta los 60 años, fueron planteadas desde el principio para un escenario muy concreto, el de la UE y que por tanto, a día de hoy, no existen garantías de que se puedan trasladar a nuestro país.  Para conocer su viabilidad, la formación ha encargado a varios economistas que elaboren informes, sobre los que decidirán si esas propuestas se incorporan finalmente a un eventual programa con el que concurrir a unas generales.

Las propuestas, avanza Monedero, irán acompañadas de su correspondiente cuantificación y también de cuál serán los métodos de financiación. En uno de los últimos círculos de economía celebrados ya se apuntó que serían necesarios unos 145.000 millones de euros adicionales para sufragar la propuesta de la renta básica. 

Podemos basó la financiación de sus propuestas para las europeas en dos datos: los  400.000 millones de euros que se habían destinado para la ayuda a los bancos y un incremento mínimo, calculado en el 5%, del PIB comunitario. Consideraban que  ello sería suficiente para sufragar las medidas,  "pero eso era en el programa europeo", remarca Monedero, "entendimos que con las ayudas a la banca y con el presupuesto europeo, había dinero, pero no en las generales. Tendremos que presentar un programa en su momento". 

Desde Podemos descartan que ello suponga una incoherencia con sus principales planteamientos, incluso cuando supone poner en cuestión alguna de sus grandes medidas de "enganche"  "lo que hay que ser es coherente con la realidad de cada país. Y cuando haces un programa, según para qué elecciones lo hagas, habrá diferencias", afirma. 

Tampoco concretan si esa renta básica, en caso de aprobarse, sería "universal" o estaría limitada a los colectivos más vulnerables. Lo único que matizan es que sería una renta mínima, que cubriría las necesidades, pero proporcionaría un nivel de vida "bastante limitado".  "Serviría para compensar el trabajo y ayudaría también a que los trabajos fuesen un poco más decentes, a que no tengamos que depender de cualquier trabajo que nos ofreciesen". 

Los expertos ponen en duda su viabilidad para España

La propuesta de Podemos podría tener encaje en Europa, pero ¿en España? Los expertos consultados cuestionan su viabilidad, y argumentan algunas consecuencias negativas que podría tener aplicar esas medidas.

Subida del salario mínimo e imposición de un salario máximo obligatorio

El programa electoral que Podemos llevaba a las elecciones europeas proponía un  "incremento significativo" del salario mínimo interprofesional, si bien desde la formación no concretaban en cuánto debería elevarse. Además, se establecía que ese salario estuviesevinculado "proporcionalmente al salario mínimo interprofesional"

Pero elevar el salario mínimo podría tener como consecuencia inmediata, según algunos expertos que las empresas decidan no contratar, porque tendrán que pagar más a los trabajadores. Esa pérdida de contratos implicaría además una pérdida en la tributación por el IRPF. Para un salario en torno a 30.000 euros anuales, el cálculo sería de una pérdida de hasta 14.000 millones de euros. 

Además, para algunas pequeñas y medianas empresas elevar el salario de forma obligatoria podría conllevar un gasto adicional que quizás no podrían asumir. "En la actual situación económica, es muy dificil que se pueda subir significativamente el salario mínimo. Es una medida de implantación progresiva", opina Miguel Vázquez Taín, profesor de Economía Pública y Sistemas Fiscales de la Universidad de Santiago de Compostela. 

¿Y limitar el salario máximo? La propuesta parecería tener un apoyo mayoritario entre los ciudadanos. Pero hace unos meses, los suizos votaron una propuesta similar para limitar el salario máximo de los directivos a doce veces el menor de los salarios de los empleados. Y dijeron que no. 

El economista Juan Ramón Rallo, profesor de la Universidad Católica de Ávila y de la escuela ESEAD,  apunta a uno de los efectos perversos que podría tener esta medida, "se elimina el mercado de trabajadores altamente cualificados, ya que los accionistas ya no pueden competir por los mejores directivos ofreciéndoles los salarios más elevados de los que les ofrece el resto de compañías".  Esto, por tanto, afectaría a una de las  capacidades de las empresas para incentivar a los mejores profesionales. 

Adelanto de la jubilación a los 60 años

En su programa europeo, Podemos propone adelantar la jubilación a los sesenta años y, además, el "derecho a disfrutar de una pensión pública no contributiva, de calidad, y que garantice una vida decente tras la jubilación". Esa cuantía, afirman, se igualaría, como mínimo, al salario mínimo interprofesional.

Adelantar la edad de jubilación supondría, de entrada, que habría que pagar un margen adicional de cinco o siete años de más, teniendo en cuenta la edad actual establecida. Actualmente, el Estado destina 125.000 millones de euros, el 30% de su presupuesto, a sus más de ocho millones de pensionistas.

"Esa partida se incrementaría de un plumazo a una cantidad todavía mayor. ¿40%? ¿Cómo se va a pagar?", se pregunta Carlos Salas, periodista y experto en economía y autor del blog Zoom Boom Crash, en lainformacion.com.  "una persona de 60 años que salga del sistema laboral se convierte en clase pasiva: el Estado debe destinar más dinero a pensiones".

Consideremos que se incorporan al sistema de pensiones todas las personas de 60 a 65 años. Esta población en nuestro país, según datos del INE, supondría incorporar al sistema de pensiones a 2.492.775 personas. Tomando como referencia el actual salario mínimo interprofesional, de 752'85 euros, supondría 1.876'68 millones de euros. "Jubilarnos antes suena bien, pero no lo veo viable. Ya en este momento nuestro sistema está en entredicho, estamos echando mano de la hucha de las pensiones", opina el economista  Vázquez Taín. "Si a eso le sumas una renta básica para todo el mundo y otras propuestas, resulta insostenible". 

Renta básica para todos los ciudadanos por el hecho de serlo

Es, sin duda, una de las propuestas estrella de la formación de Pablo Iglesias, el "derecho a una renta básica para todos y cada uno de los ciudadanos por el mero hecho de serlo y, como mínimo, del valor correspondiente al umbral de la pobreza con el fin de posibilitar un nivel de vida digno".

Esta renta supone, además, que las prestaciones sociales, tales como pensiones o ayudas de desempleo, por menor cuantía a este ingreso quedarán suprimidas y sustituidas por éste. El programa electoral no establece, en cambio, de qué cantidad estamos hablando, aunque sí que el coste se cubriría a través de una reforma progresiva del IRPF y de la lucha contra el fraude fiscal.

 A comienzos de agosto, el tema se planteó en el Círculo de Podemos dedicado a Economía, que  valoró la cuantía de esta propuesta en torno a los 250.000 millones de euros. Al mismo tiempo, al sustituir ciertas pensiones y ayudas al desempleo que se situasen por debajo de su cuantía, podría suponer un ahorro de 90.000 millones de euros en pensiones y 15.000 en desempleo.  De esta forma, por tanto, el gasto vendría a ser de unos 145.000 millones de euros

El planteamiento surgido entonces fue de 1000€ a menores de 18, 6.000€ a personas en edad laboral y 8.000€ a jubilados. Aunque es una propuesta. ¿Cuáles podrían ser las consecuencias? Una renta básica para todos aumentaría la capacidad de consumo, aunque también afectaría a la producción, "los perceptores de una renta no  se sienten necesariamente empujados a producir los bienes y servicios más valorados por el resto de las personas, aunque sí desean consumirlos. Como es obvio, sólo puede consumirse aquello que previamente ha sido producido, de modo que si cada uno de los productores se dedicara a fabricar lo que a él individualmente le apetece en lugar de lo que los demás individuos demandan, la calidad de los bienes por redistribuir se iría deteriorando y el sistema colapsaría, en medio de una pauperización generalizada",opina el economista Juan Ramón Rallo, profesor de la Universidad Católica de Ávila.  

Este experto propone como ejemplo que los agricultores decidan a dedicarse a otras actividades más placenteras, como servicios a la comunidad "entonces la sociedad tendría una absoluta carestía de alimentos, al tiempo que registraría un excedente en la oferta de servicios sociales

"El problema de la renta básica estatal no es que fomente la vagancia, sino que destruye gran parte del orden y de la coordinación existente en la división del trabajo", dice este economista.

¿Cómo se financiaría? Podemos propone financiar esa renta con una reforma progresiva del IRPF, lo que algunos expertos interpretan como una subida de impuestos. España es el tercer  país de la zona euro con un impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) más alto, según los datos que recoge la oficina estadística comunitaria, Eurostat.

El tipo máximo aplicable en nuestro país se sitúa en el 52%, sólo por debajo de Portugal (53%) y Bélgica (53,7%), y muy lejos de la media de la región que está en el 43,4% (8,6 puntos porcentuales de diferencia). Sin embargo, nuestro país está también entre los que menos recaudan. En 2012, por ejemplo, el Gobierno recaudó tras su reforma solo unos 800 millones de euros de los 5.000 previstos. 

"Lo que plantean está más bien pensado para un modelo nórdico, en el que el peso del sector público supone alrededor del 50% del PIB, pero aquí, hoy por hoy, no lo veo viable. Tendría que ser una reforma total del sistema de financiación y esto se tendría que hacer a través de un proceso muy paulatino", dice el economista Miguel Vázquez Taín. Los resultados, por tanto, serían a largo plazo. 

La otra vía de financiación propuesta por la formación de Pablo Iglesias pasa por la persecución del fraude fiscal. Esto se haría, entre otras medidas, mediante la "persecución y endurecimiento de las sanciones del delito fiscal", la implantación de la Tasa Tobin sobre transacciones financieras,  el aumento de recursos destinados a la persecución de los delitos fiscales, que se considerarán como tales a partir de los 50.000 euros de cuota defraudada, y la eliminación de los paraísos fiscales, entre sus medidas principales. 

Pero surge la duda, ¿un solo país podría decidir suprimir los paraísos? "cada país tiene soberanía, pero unilateralmente apenas tendría efecto", explica José María Mollinedo, secretario general del Sindicato de Técnicos de Hacienda, GESTHA. "Un gobierno puede decidir llegar a acuerdos con entidades financieras, pero el evasor optará por aquellos países con los que no tiene acuerdo. En España, por ejemplo, tenemos el caso de Gibraltar, que ha firmado acuerdos con otros países, pero con España se niega por cuestiones de soberanía".

¿Cuánto supondría, por ejemplo, perseguir la economía sumergida? La tasa de economía sumergida en España está situada en el 24'5%, lo que nos pone a la cabeza del fraude. "pero acabar con esto es un objetivo muy ambicioso", opina Mollinedo. "Algunas medidas que nosotros proponemos, como ampliar los recursos humanos destinados a perseguirlo, compartir  bases de datos tributarias, y adoptar una gestión compartida con consorcios tributarios, podrían ayudar a reducirlo", afirma,  Con  ello, sin embargo, dicen, apenas se obtendrían 38.000 millones de euros al año.  

Eliminar la evasión fiscal significaría 88.000 millones de euros como máximo. "Acabar con el fraude lo vemos como una utopía deseable, pero no realizable. Para nosotros lo realizable sería alcanzar el nivel europeo, porque en ese momento ya te puedes plantear reducir aún más, al nivel de Austria, al 8%. Pero desde un 24'6% parece un cambio muy drástico". 

Prohibir despidos a las empresas con beneficios

Es otra de las medidas incluidas en el programa europeo de Podemos. A falta de concretar si se trasladaría a España, los analistas señalan también algunas consecuencias negativas: "Esta medida supone que automáticamente se coarte la libertad que tienen las empresas en el mercado", opina Vázquez Taín. Entre tanto, Juan Ramón Rallo opina que la responsabilidad no debería recaer unicamente en las empresas, "la exigencia no debería ser la de prohibir esos despidos, sino la de reformar el mercado laboral".  Es decir, esta propuesta no debería utilizarse como excusa para no reformar un mercado inflexible para proporcionar trabajo a sus ciudadanos. 

Según Salas, "el absentismo laboral pasará del 6% a una cifra mayor. ¿Y qué hacemos con los empleados insolidarios y perezosos? ¿Y con los ejecutivos inútiles? ¿Aguantarlos para siempre?"

Dejar de pagar la deuda

La propuesta de Podemos no explicita qué parte de la deuda se dejaría de pagar, tan solo que eso se determinaría mediante una "auditoría ciudadana de la deuda pública y privada para delimitar qué partes de éstas pueden ser consideradas ilegítimas para tomar medidas contra los responsables y declarar su impago”.

La crítica de los analistas pasa sobre todo por su repercusión en el contexto internacional. "Vivimos en un mundo globalizado. Por tanto, ¿quién tendrá confianza en nosotros? Si rompemos las reglas, corremos también el riesgo de quedarnos fuera del sistema.

 "Cambiaría la opinión de las agencias de calificación sobre España que pondrían la nota de deuda española al borde del bono basura, la prima de riesgo se dispararía, los inversores extranjeros ya no verían tan atractiva a España, aumentarían los costes de la deuda y no tendríamos dinero para financiar los gastos del Estado, entre ellos pensiones, salarios de funcionarios, obras públicas, hospitales…", señala Carlos Salas. 

Apoyo a las pymes

El programa afirma que se promoverá "el protagonismo de la pequeña y mediana empresa en la creación de empleo resaltando el papel de las entidades de la economía social". Pero, al mismo tiempo, proponen "un aumento de los tipos impositivos del Impuesto de Sociedades".  Si se sube el impuesto a las pymes, ¿se crearán más?. 

Recuperación del control público en los sectores estratégicos de la economía (telecomunicaciones, energía, alimentación, transporte, sanitario, farmacéutico)

El programa establece que se habrá de garantizar una participación mayoritaria pública en sus consejos deadministración y/o creación de empresas estatales que suministren estos servicios de forma universal. Además, se reconocerá el "derecho patrimonial de la ciudadanía sobre las empresas públicas y el carácter meramente gestor de los gobiernos sobre las mismas". 

Toda privatización, por tanto, debe hacerse mediante referendum, ya que supone la venta de activos colectivos propiedad de la ciudadanía. ¿Significará entonces que no es posible la iniciativa privada? Parece ser así, al menos en caso de esos sectores.  ¿Y significará que la ciudadanía recibirá algún tipo de compensación si se decide esa venta de activos? No se determina. 

"El discurso de quienes defienden la titularidad pública de ciertos sectores económicos: y es que su objetivo real –consciente o inconsciente– no es que los ciudadanos sean propietarios reales de esas compañías, sino que la casta política goce del privilegio de gestionar y de manejar a su antojo los ahorros de los ciudadanos forzosamente inmovilizados en unas compañías que no habría que calificar de “públicas” sino de “estatales”, opina Juan Ramón Rallo. 

Según este experto, lo "objetable" no es que se transfieran los derechos de propiedad, sino que esa transferencia la administraran los políticos y no los propios ciudadanos en calidad de copropietarios.  "El mal funcionamiento de los sectores privatizados no se debe a que no los estén manejando directamente nuestros políticos, sino a que los siguen manejando indirectamente mediante numerosísimas regulaciones que limitan la verdadera competencia". 

Control del BCE

Desde Podemos se propone que el Banco Central Europeo esté supeditado “a las autoridades políticas”. "Ya lo está", opina Salas, "A Alemania, que es el país que pone más fondos para equilibrar el euro. Alemania no desea que los políticos piensen que el BCE es la ‘maquinita del dinero’ (como las cajas de ahorro españolas politizadas), y que se dediquen a tirar del BCE como si fuera su hucha particular para hacer pistas de nieve en secano, o aeropuertos sin pasajeros. ¿Quién va a pagar eso? ¿El BCE? Ni harto de vino, dice Alemania."





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