Lunes 23/03/2020.

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La Gürtel operaba con una "sociedad principal" en el Caribe, según la UDEF

La trama Gürtel creó una estructura societaria exterior ideada para desvincular de sus actividades a su presunto cabecilla, Francisco Correa, que tenía una "sociedad principal" radicada en el paraíso fiscal de la isla de Nevis, en el Caribe, de la que dependía otra empresa en el Reino Unido.
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La trama Gürtel creó una estructura societaria exterior ideada para desvincular de sus actividades a su presunto cabecilla, Francisco Correa, que tenía una "sociedad principal" radicada en el paraíso fiscal de la isla de Nevis, en el Caribe, de la que dependía otra empresa en el Reino Unido.

Así figura en uno de los seis informes, a los que ha tenido acceso Efe, de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional remitidos al juez del caso Gürtel en la Audiencia Nacional, los últimos encargados a este departamento antes de que se empiece a cerrar la instrucción.

Los informes se refieren a la agenda personal del supuesto número dos de Gürtel, Pablo Crespo; a las sociedades vinculadas a la trama Easy Concept, Galher Servicios Administrativos, y Consultoría y Gestión de Inversiones; a la adjudicación del expositor de Jerez (Cádiz) en la feria Fitur 2004 y a un "pendrive" de Crespo incautado a su domicilio.

Este último informe recoge, entre otras cosas, la estructura que la red creó en el exterior ayudada por el abogado imputado Luis de Miguel, gracias a la cual, Correa pudo "desvincularse ante las autoridades nacionales del patrimonio generado y de las operaciones realizadas por las distintas sociedades" de su grupo empresarial.

Esta estructura consistía en un "esquema de raíz británica", mediante la creación de una "sociedad principal" en la isla de Nevis de la cual dependía otra empresa, denominada "agente", con domicilio social en el Reino Unido.

Por último, explica la UDEF, de esta mercantil de nacionalidad británica "colgaban las sociedades sitas en España, tanto sociedades de eventos que llevaban a cabo actividades de publicidad y marketing (que cobraron del PP por organizar multitud de actos electorales), como las sociedades patrimoniales cuyo único fin era ocultar la titularidad del patrimonio de Francisco Correa".

Para ello, Luis de Miguel contrató a bufetes de abogados radicados en los paraísos fiscales y en el Reino Unido que estaban especializados en este tipo de gestiones.

Esta estructura también se refleja en la agenda personal de Crespo que analiza otro de los informes, donde figuran anotaciones al respecto y también sobre la posterior modificación de la misma por parte de otro abogado imputado, Ramón Blanco Balín.

Blanco Balín usó en este caso otro esquema con "raíz holandesa", donde la matriz se localizaba en la isla de Curaçao, la sociedad agente en Holanda y la empresa patrimonial en España.

Este informe sobre la agenda de Crespo recoge además varios repartos de comisiones por adjudicaciones e incluso de Lotería.

Uno de ellos es un reparto, anotado en un folio grapado en la agenda, de 1,8 millones de una comisión por una adjudicación del Ayuntamiento de Boadilla repartida entre varias personas identificadas por las iniciales de sus nombres o por apodos que les daba la trama.

Entre ellos figuraban Correa ("FC", 390.000 euros), el exdiputado madrileño Alfonso Bosch ("AB", 390.000 euros), el exalcalde de Boadilla Arturo González Panero "el Albondiguilla" ("Alb", 210.000 euros), Tomás Martín ("TM", 390.000 euros) y Crespo ("Fra P", 300.000 euros), cantidades que luego este último ajusta al alza en su agenda.

También hay dos anotaciones sobre lotería, una de ellas en 2005 en la que figuran Correa y empleados de las empresas de Gürtel, sobre los que "hace una serie de cálculos sobre lo jugado y la cantidad premiada", indica la UDEF.

En cuanto al informe sobre Easy Concept, la policía concluye que hizo varios trabajos a la Comunidad de Madrid que "prácticamente en su totalidad" eran solicitados por la Consejería de Presidencia y en cuya contratación participaba muy activamente el entonces vicepresidente de ese departamento e imputado en Gürtel, Alberto López Viejo.

López Viejo obtenía a cambio de las adjudicaciones, que se hacían mediante contratos menores para evitar la publicidad, una "gratificación económica imputada como mayor coste del propio evento".

El informe analiza contrataciones a empresas de Gürtel también en la Generalitat Valenciana y de varios ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, y pide al juez en sus propuesta de actuación que reclame al Ayuntamiento de Boadilla del Monte (Madrid) el expediente de contratación completo para el suministro mobiliario en dicho consistorio en los años 2007 y 2008.

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