Lunes 05/06/2017.

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El rescate a las autopistas: ¿palo al contribuyente o responsabilidad del Estado?

  • Los expertos cifran en 5.000 millones el coste que podría ocasionar rescatar las ocho radiales 
  • Los consumidores aseguran que el Estado proteje a las constructoras

5.000 millones de quebranto es lo que se calcula que le costará al Estado ‘rescatar’ las ocho radiales en quiebra. El nuevo ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ya da por sentada esta situación aunque las conversaciones con los acreedores, principalmente bancos y fondos de inversión, todavía no está cerrada.

Estas autopistas de peaje (las radiales 2 y 4 de Madrid, la M-12 Eje Aeropuerto de Barajas, la AP-41 de Madrid a Toledo, la AP-36, la circunvalación de Alicante y la Cartagena-Vera) se construyeron durante los años de bonanza económica y tenían la intención de descongestionar las entradas y salidas de algunas ciudades, principalmente Madrid. Después de años en activo todas han quebrado. Apenas pasan coches y las empresas concesionarias no pueden recuperar su inversión.

El Estado tendría ahora que hacerse cargo del coste de estos proyectos fallidos y la polémica está servida: ¿es un cargo injusto al contribuyente o una responsabilidad del Estado para con las empresas? Estos son los argumentos de consumidores vs. empresarios.


Usuarios: un rescate equivalente a la subida de impuestos

  • ¿Por qué debe pagar el contribuyente los errores de cálculo de las constructoras y los gobiernos? Es la pregunta en la que se basan los 'detractores' del rescate a las autopistas que achacan al 'derroche' de los gobiernos la construcción de infraestructuras que luego se han demostrado innecesarias. 
  • Pagar con impuestos: Satisfacer económicamente a los acreedores, bancos, constructoras y fondos de inversión, supondrá alrededor de 5.000 millones de euros, según los expertos. Esta cantidad supone prácticamente lo mismo que el Estado pretende recaudar con la última subida de impuestos especiales anunciada sobre el tabaco, el alcohol y la reforma del impuesto de sociedades.
  • Proteger a empresas privadas: Las asociaciones de consumidores como Facua aseguran que el Gobierno pretende “nacionalizar las pérdidas de empresas que no han sabido gestionar las autopistas”. La secretaria general de la asociación Olga Ruiz asegura que “el Gobierno salvaguarda los intereses económicos privados de grandes empresas frente a las necesidades de la mayoría de los ciudadanos”.
  • Pagar dos veces: Lo que aún no está claro es si una vez rescatadas las autopistas el Gobierno mantendrá los peajes para los usuarios. En ese caso, los contribuyentes pagarían dos veces: por un lado, el rescate con sus impuestos; por otro, cada vez que utilizasen la vía.


Empresarios: el Estado es el dueño y tiene una responsabilidad

  • El Gobierno es el dueño: En el lado contrario están los empresarios, constructores y bancos que han invertido en realizar esas autopistas. En realidad, el Estado nunca pierde la titularidad de las autopistas: se trata de una construcción de servicio público cuyo proyecto sale del Estado y posee titularidad pública. 
  • Las concesionarias disfrutan la adjudicación por tiempo limitado: Para financiar estas autopistas, el Gobierno sacó un proyecto a concurso. Las empresas presentaron los presupuestos y realizaron una inversión millonaria para llevarlas a cabo. A cambio, para recuperar su inversión, recibieron la capacidad de explotar la concesión durante un tiempo limitado, normalmente 50 o 60 años. 
  • La responsabilidad patrimonial del Estado: El problema llegó cuando se demostró que la obra no era rentable. El Estado, que es el dueño de la autopista, tiene la obligación legal, llamada Responsabilidad Patrimonial de la Administración, de responder como ‘garantía’ en este caso.  Se trata únicamente de garantizar que el Estado pagará algo que es de su propiedad. Esta Ley garantiza que las concesionarias no perderán dinero, aunque tampoco ganarán puesto que la Administración Pública solo se hará cargo del ‘coste’.
  • Cumplir la Ley: “No hay decisión política de ningún tipo sino obligación de cumplir la ley”, afirma el ministro De la Serna, que además asegura que “lo único que se hace es garantizar que el usuario de una autopista pueda seguir circulando”. Por eso, asegura que no se trata de un rescate sino de un procedimiento judicial que concluye en un concurso y acaba en liquidación.

La opción intermedia: las ‘quitas’

Es en este procedimiento ante el juez en el que el Gobierno tiene algo de ‘margen de maniobra’. Puede negociar una quita de deuda con los acreedores y llegar a un acuerdo en la liquidación para que le salga algo más ‘barato’, pero al final, legalmente, tendrá que pagar.

Las negociaciones siguen abiertas pero De la Serna ya ha puesto una fecha: en julio de 2017 se sabrá cuanto costarán las autopistas quebradas.


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