El anterior juez central número 6, Eloy Velasco, fue el que inició la causa y les acusó indiciariamente de formar parte de los Grupos Anarquistas Coordinados (GAC), que habrían participado en «actos de coordinación y promoción de sabotajes y daños en 114 cajeros» y guardaban fotografías de «policías y comisarías» como posibles «objetivos» de sus ataques.
El archivo de la causa responde a que no ha podido acreditarse suficientemente que los investigados fueran autores de los hechos investigados.
Los tres, junto a los otros 12 detenidos en la operación, habían sido imputados inicialmente por un delito de integración en organización terrorista por pertenecer a un grupo «de tipo inserruccionista anarquista» que tenía la finalidad de «subvertir el orden público y alterar gravemente la paz pública».
También se investigaba si los detenidos, a los que se incautaron manuales de fabricación de explosivos, tenían relación con los ataques que se produjeron en 2013 en la catedral de La Almudena de Madrid y la basílica de El Pilar de Zaragoza.