La propuesta del partido que lidera Rosa Díez será debatida en sesión plenaria y tiene como objetivo combatir el «fracaso» y el sobreseimiento de las diligencias de investigación seguidas en los juzgados por estas sustracciones.
En la moción, a la que ha tenido acceso Europa Press, la formación magenta exige también la puesta en práctica de medidas que garanticen la colaboración de los hospitales públicos, privados, la Iglesia o Casas Cuna respecto a los expedientes médicos y archivos históricos de los afectados pues su «extravío» y las «contradicciones documentales son sospechosamente comunes».
Los proponentes también destacan el elevado coste económico que supone para las familias la exhumación de los restos y las posteriores pruebas y cotejos de ADN, así como el asesoramiento y la asistencia por parte de los profesionales. Por ello, piden al Ejecutivo que inaugure en todas las comunidades autónomas una oficina de atención a las víctimas del robo de bebés.
COSTE ECONÓMICO
Otros obstáculos sufridos por los afectados radican en la disparidad de criterios seguida en las distintas partes del territorio nacional. «Tras la circular –de la Fiscalía General del Estado–, lo cierto es que las Fiscalías Territoriales parecen no haber tomado en consideración dicha circular, haciendo caso omiso a la misma».
En su iniciativa, UPyD insta al Gobierno a hacer un requerimiento oficial a todas las instituciones para que colaboren y faciliten el acceso a sus archivos y reconozca la cualidad jurídica de «víctima» a todos los familiares separados por «robo, fuerza, engaño o coacción, tras el nacimiento o como consecuencia de adopciones forzadas».
Emplaza al Gobierno a reconocer asistencia jurídica gratuita a este colectivo y a acometer las reformas legales y reglamentarias que sean necesarias para crear una sección especializada en la Fiscalía.
Por último, solicita la regulación de la Comisión Nacional para Uso Forense del ADN para asegurar una única base de datos sobre identificadores de ADN que sea accesible y esté coordinada con la Policía Judicial.