En una resolución del pasado mes de enero este tribunal de garantías entendió que se violó su derecho a la privacidad y obligó a España a indemnizarles con 4.500 euros a cada una por daños y prejuicios.
En la deliberación de este 28 de mayo un panel de jueces decidirá si a petición de los Servicios Jurídicos del Estado español el asunto se remite a la Gran Sala -integrada por 17 magistrados- para que dicte una sentencia definitiva. Si se rechaza la petición del gobierno español la sentencia será ya firme según han explicado a Europa Press en fuentes del tribunal europeo de garantías, que añaden que la decisión se conocerá en la tarde del martes 29.
De acuerdo con la sentencia, el dueño del supermercado habría violado el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos(TEDH) sobre el derecho al respeto de la vida privada, ya que las trabajadores deberían haber sido informadas de la colocación de estas cámaras ocultas. Por ello impuso el pago de 4.000 euros de indemnización a cada una, además de 500 euros a una de las demandantes por los costes del procedimiento judicial y 568 euros a las cuatro restantes.