La Corte Suprema de Brasil decidió hoy que aceptará nuevas apelaciones que llevarán a reabrir las causas de doce de los 25 condenados por graves corruptelas en 2005, durante el primer mandato de Luiz Inácio Lula da Silva.
Hasta ahora, cinco de los once miembros del Supremo habían votado por aceptar esos recursos y otros cinco los habían rechazado, pero hoy el decano del Supremo, Celso de Mello, se inclinó por admitirlos y se configuró así una mayoría a favor de lo que, en la práctica, lleva a la celebración de un nuevo juicio para doce condenados.
La decisión sólo favorece a aquellos que fueron condenados pese a que al menos cuatro jueces los absolvieron, situación en la que están personajes emblemáticos del proceso como el exministro José Dirceu, el expresidente del Partido de los Trabajadores (PT) José Genoino y el antiguo tesorero de esa formación Delubio Soares.
El caso se refiere a una red de corrupción tejida por el PT en 2002, cuando llegó al poder por primera vez Lula, quien tras dos mandatos consecutivos fue sucedido por su pupila y correligionaria Dilma Rousseff.
Durante el juicio, que se celebró entre agosto y diciembre de 2012, el tribunal consideró probado que esa red fue alimentada con dinero público y permitió al PT financiar campañas y sobornar a dirigentes de otros cuatro partidos, que le dieron al Gobierno de Lula la mayoría parlamentaria que las urnas le habían negado.
El juez Celso de Mello, en el voto que hoy inclinó la balanza a favor de aceptar las nuevas apelaciones, explicó que al tratarse de una acción penal que comenzó «originalmente» en el Supremo, este mismo tribunal está obligado a celebrar un segundo juicio en aquellos casos en que las condenas no fueron «mayoritarias».
«La protección de los derechos de los reos es un encargo constitucional del cual el Supremo no puede eximirse, aun contra el clamor popular», dijo De Mello en alusión a las presiones de buena parte de la sociedad, que exige que los culpables de este caso sean encarcelados de inmediato.
No obstante, el magistrado sostuvo que «la respuesta del poder público al fenómeno criminal ha de ser pautada por reglas que permitan la instauración, ante jueces independientes e imparciales, de un proceso que atenue la pasión exacerbada de las multitudes».
Tomada la decisión de reabrir los juicios de los doce, el Supremo ahora deberá publicar ese acuerdo y sólo después aquellos que puedan acogerse a un nuevo juicio presentarán sus correspondientes apelaciones.
El Supremo nombrará entonces un instructor del caso, que dispondrá del tiempo que considere necesario para llevar el asunto de vuelta al pleno del tribunal, que entonces sí deliberará para dictar las sentencias de forma definitiva.
Todo ese trámite, según fuentes jurídicas, pospondrá el fin del proceso al menos hasta el segundo semestre de 2014, aunque hay expertos que creen que el juicio podría concluir en 2016.
En ese último caso, puede ocurrir que algunos de los delitos por los que han sido condenados los doce que tendrán derecho a un nuevo juicio lleguen a prescribir, lo que anularía las sentencias.
Otro asunto que el Supremo tiene pendiente es decidir si las condenas de los otros 14 condenados deberán ser ejecutadas de inmediato o si se espera para ello hasta el fin de todo el proceso.