La Generalitat indicó por carta a la empresa T-Systems, encargada de las aplicaciones informáticas del 9N, que siguiera adelante con los preparativos para la consulta porque sus trabajos no estaban afectados por la suspensión del Tribunal Constitucional, según el testigo Bernat R., de T-Systems.
El testigo Bernat R., empleado de la empresa T-Systems que en 2014 coordinaba los trabajos informáticos previstos en los contratos suscritos con la Generalitat, lo ha afirmado ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que juzga el caso de la consulta soberanista del 9 de noviembre del 2014.
T-Systems se encargó, entre otras funciones, de elaborar las aplicativos para los ordenadores que se utilizaron en la votación, así como el sistema para el registro de voluntarios, y de proporcionar el servicio de informáticos de guardia para la jornada del 9N.
El testigo ha explicado que, tras tener conocimiento «por la radio» el 4 de noviembre de que el Tribunal Constitucional (TC) había suspendido la consulta del 9N, lo comunicó a su director general, que convocó una reunión con miembros del departamento legal de la compañía informática.
En esa reunión, se decidió enviar una carta al Centro de Telecomunicaciones Tecnologías de la Información (CTTI) de la Generalitat, con el que T-Systems había suscrito los contratos, para pedirle que le confirmaran si los trabajos encargados estaban afectados por la suspensión del TC, ha explicado el testigo.
El día 7 de noviembre, ha añadido Bernat R., T-Systems recibió una carta firmada por el entonces responsable del CTTI, Jordi Escalé, en la que le indicaba que, de acuerdo con los servicios jurídicos de la Generalitat, los trabajos encargados a la empresa no estaban afectados por la resolución del TC.
El CTTI, por ese motivo, indicó a T-Systems que mantuviera el dispositivo de informáticos de guardia que debía supervisar la buena marcha de la votación del 9N.
La carta remitida por el CTTI, que T-Systems hizo llegar al TSJC a raíz de la investigación del caso del 9N, fue la que motivó que la Fiscalía pidiera la imputación del exconseller de Presidencia Francesc Homs por su papel en la consulta.
El ministerio público pidió al Supremo que abriera una investigación a Homs, al ser este conseller quien firmó la comunicación remitida al CTTI sosteniendo que los trabajos informáticos contratados no estaban afectados por la resolución del Constitucional, invocando unos informes jurídicos que la Fiscalía cree inexistentes.