Los ministros de Justicia y Fomento, Alberto Ruiz-Gallardón y Ana Pastor, respectivamente, firmarán este acuerdo de colaboración con el presidente del órgano de gobierno de los jueces, Gonzalo Moliner, el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce y el presidente de Puertos del Estado, José Llorca.
El convenio pretende dar respuesta a la «problemática» que ha surgido en la Administración de Justicia cuando la persecución de delitos contra la salud pública conlleva la incautación judicial de importantes cantidades de droga y la aprehensión de medios de transporte, fundamentalmente barcos y otras embarcaciones, empleados en su tráfico ilícito.
Debido al volumen y complejidad de estos asuntos, la tramitación de los procesos abiertos en los tribunales prolonga el depósito de tales embarcaciones «más allá de lo que sería deseable», generando un «importante riesgo de deterioro, degradación y pérdida de valor de los referidos bienes».
Por ello, el Consejo del Poder Judicial explica que el convenio tiene como objeto realizar aquellas actuaciones que posibiliten la «venta o realización, anticipadamente a la sentencia judicial firme», de buques, barcos y embarcaciones que han sido considerados como efectos aprehendidos en procesos de tráfico ilícito de estupefacientes, blanqueo de capitales procedentes de dicha actividad y delitos conexos.