Si el discurso de creación de consejos autonómicos del Poder Judicial habitaba hasta ahora en formaciones de carácter nacionalista o soberanista, Gallardón ha querido expresar su «alta preocupación» por que partidos con «proyectos para toda España estén empezando a asumir esas ideas».
Ha argumentado que la pretensión de los socialistas de fragmentar la Justicia es «contraria» a la Carta Magna. Ya que la Constitución de 1978 diseñó un estado autonómico basado en los poderes legislativo y ejecutivo, y con un poder judicial «único para todo el Estado».
Según ha recordado Gallardón, no se puede trasladar a los tribunales superiores de Justicia de las autonomías ni a otros órganos las competencias que en materia de nombramientos o disciplinarias otorga la Constitución al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
También ha reprochado al PSOE que defienda que la última instancia sean los tribunales superiores de Justicia, y que el Tribunal Supremo (TS) pierda la capacidad de modificar las resoluciones judiciales de los órganos territoriales y sólo quede para unificar doctrina.
Para Gallardón, esta propuesta es «tremendamente preocupante» toda vez que el TS es, como quedó establecido ya en la Constitución de 1812, «La Pepa», el órgano superior con jurisdicción en toda España y, por tanto, es la «cúpula» del poder judicial.
Tanto es así, que el ministro ha anunciado que todas las reformas que emprenderá su departamento «siempre irán encaminadas al fortalecimiento del Tribunal Supremo». «Si se perdiera ese gran avance del siglo XIX, la cúspide judicial que es capaz de dar sentido y coherencia a todas las decisiones judiciales, habríamos dado un retroceso importante», ha apostillado.
Y ha vuelto a insistir: «Me preocupa, y mucho, que partidos que defienden y tienen acreditado en su historia la defensa de la idea del estado español, puedan pensar que ese estado sería viable si fragmentamos, no sólo el gobierno del poder judicial, sino si agotásemos las instancias judiciales en los tribunales superiores de Justicia de cada una de las comunidades autónomas».
«EL Sistema Funciona»
Además, ha hecho referencia a la crisis económica y a la «impopularidad» que están sufriendo las instituciones del Estado, y ha dicho que el alto número de sumarios abiertos por casos de corrupción debe provocar un análisis crítico sobre el compromiso de nuestro país con los valores éticos.
No obstante, ha asegurado que la apertura de esos sumarios reflejan también que el modelo judicial funciona, y que el estado cuenta con un sistema de respuesta capaz de hacer frente a cualquier vulneración de la legalidad. Y que pese a la crisis, las instituciones del Estado siguen funcionando. Unas instituciones que tienen que ser continuamente defendidas ante «un discurso oportunista que muchas veces deriva en populismo». Y una crisis que produce una sensación de «inseguridad y pesimismo» , y que se traduce en la «reaparición de viejos miedos que creemos superados».
La situación del país, en uno de los últimos puestos en calidad democrática, debe abrir una reflexión crítica
y analizar cuáles son las causas por las que tanto en España como en el exterior se tenga la visión de un país que se cuestiona a sí mismo y a sus propias instituciones.El ministro apuesta por las reformas, y ha criticado a los que abogan por una ruptura, aquellos que «apuntan a romper la esencia misma de la nación española». Y ha defendido los proyectos del Ministerio para reformar las leyes del Poder Judicial, de Planta Judicial y la ley de Enjuiciamiento Criminal. Además ha resaltado la voluntad del Gobierno y del PP querer abordarlas mediante un debate abierto a toda la sociedad.