Así se lo ha notificado al Gabinete Jurídico Suárez-Valdés, que ha informado de esta decisión de la Fiscalía que, concretamente, pide a la Brigada Provincial de Información de la Policía Nacional a fin de que se investiguen los hechos denunciados, tanto en relación a su autoría, como en relación a las reacciones habidas en la red, como consecuencia de los mensajes publicados por los querellados.
El abogado Antonio Suárez-Valdés, asesor jurídico del sindicato UPM, ha señalado que se trata de «una gran noticia que el fiscal respalde la querella interpuesta por el colectivo policial» y se encuentra convencido de que, con la investigación que va a desarrollar la Policía Nacional, «se podrá acreditar que Rommy Arce comparó la situación del inmigrante senegalés fallecido con asesinatos perpetrados por ultras y que Juan Carlos Monedero acusó a los policías actuantes de estar persiguiendo al inmigrante fallecido, cuando en realidad lo que estaban haciéndole es la reanimación cardiopulmonar para intentar salvarle la vida».
«Presuntamente dichos comentarios efectuados por ambos políticos podrían haber tenido la intención de incendiar las redes, sembrando el odio contra la policía, extremo este que finalmente se produjo, desembocando la situación creada en los graves incidentes vividos en el barrio de Lavapiés», ha indicado Suárez Valdés.
Especialmente contundente ha sido el abogado con el concejal delegado de Seguridad del Ayuntamiento de Madrid, Javier Barbero, de quien refiere que «teniendo en la noche del día 15 de marzo a su disposición toda la información que desmentía la versión que los ahora querellados vertían en las redes, sin embargo no hizo nada para parar los graves disturbios y agresiones a la Policía producidos en esa noche». «Este concejal de Seguridad no representa a sus policías, ha concluido.