El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) acepta investigar al exalcalde de Móstoles y actual diputado regional del Partido Popular, Daniel Ortiz, por interceder y »presionar», para que la empresa Cofely consiguiese un contrato de 73 millones, del que supuestamente sacó una mordida de 746.000 euros.
Este contrato supuestamente fraudulento estaba siendo investigado dentro de la trama Púnica por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, que no podía continuar la investigación ya que Ortiz sigue siendo diputado autonómico en Madrid y, por tanto, aforado. Ahora el TSJM coge el testigo y será la magistrada Susana Polo García quien decidirá si llama o no a declarar a Ortiz como investigado, antes imputado.
73 millones para colegios en Móstoles
Esta pieza, una de las muchas que forman la trama Púnica, investiga el alcance de la red, capitaneada por David Marjaliza, en el municipio de Móstoles, concretamente, en un contrato de 73,14 millones de euros que se adjudicó en mayo de 2014.
Este contrato incluía hacerse cargo de los “suministros y servicios energéticos y mantenimiento integral con garantía total de los edificios municipales y centros educativos de Móstoles” y finalmente se adjudicó a la empresa Cofely por un periodo de 12 años.
Para conseguir esta adjudicación, Daniel Ortiz habría estado “presionando continuadamente sobre empleados públicos y autoridades municipales, prevaliéndose de su posición como alcalde de la localidad”, con la intención de llevarse una comisión de 746.000 euros, según un auto del TSJM.
Contratos con 8 ayuntamientos
Según la investigación se han descubierto “irregularidades e indicios de responsabilidad criminal” en un grupo de cargos y ediles municipales de ocho ayuntamientos dentro de la Comunidad de Madrid, que actuaban junto a empleados y al director general en España de Cofely para adjudicar contratos “bajo la promesa de recompensas y pago de comisiones y dádivas”.
Esto se realizaba “contando siempre” con David Marjaliza, en el centro de la trama, actuando como intermediario y asesor con varias empresas pantalla entre los ayuntamientos y la empresa Cofely.
A lo largo de la investigación, que ahora debe retomar el TSJM, se descubrió que en estos contratos realizados con Cofely entre 2013 y 2014 existía un «ánimo de lucro personal tanto del regidor del Ayuntamiento como de su concejal de medio ambiente Alejandro Utrilla Palombi», que actuó como intermediario en el cobro de comisiones.