El Consejo Fiscal ha avalado hoy el anteproyecto de ley impulsado por el Gobierno en el que se propone ampliar los supuestos a los que se podrá aplicar la prisión permanente revisable, entre los que se encuentran los casos de violadores en serie o los secuestros que acaben con la muerte del rehén.
Tras cuatro años de mandato, el órgano asesor de la Fiscalía, presidido por el fiscal general del Estado, Julián Sánchez Melgar, ha celebrado hoy su última reunión antes de las elecciones del 21 de marzo y ha estudiado diversos anteproyectos de ley, entre ellos el de la prisión permanente revisable, que el Gobierno aprobó el pasado 9 de febrero.
Aunque ha habido ciertas discrepancias en algunos puntos del anteproyecto, finalmente el Consejo ha apoyado por mayoría la propuesta de la secretaría técnica y emitirá próximamente un informe favorable al proyecto del Ejecutivo, impulsado por el ministro de Justicia, Rafael Catalá.
Fuentes fiscales consultadas por Efe han informado de que el supuesto que más debate ha provocado entre los 12 vocales ha sido el que contempla la ocultación del cadáver de una persona asesinada o la no colaboración en su hallazgo.
Una parte de los vocales, los más progresistas, entienden que no se puede valorar independientemente el asesinato y el encubrimiento del cadáver, pues en el Código Penal ya se contemplan las correspondientes circunstancias agravantes que incrementarían la pena del condenado por estos hechos.
Sin embargo, finalmente se ha impuesto la postura mayoritaria, la cual sugiere contemplar una puntualización en este asunto, que consiste en que la prisión permanente se aplique a aquellos acusados de asesinato que oculten el cadáver con conocimiento de que con ello están causando un dolor añadido a los familiares más directos de la víctima.
No se trataría, por tanto, únicamente de que el acusado escondiese el cuerpo para que no le descubriesen, sino que lo hiciese con el ánimo de dañar a la familia.
Por lo demás, apuntan las fuentes, el Consejo ha dado su visto bueno al resto del proyecto del Ejecutivo a pesar de que la vocal ponente del informe, del ala progresista, haya presentado una propuesta alternativa contraria a la prisión permanente, que está pendiente de revisión por el Tribunal Constitucional.
El proyecto del Gobierno contempla añadir cinco nuevo tipos delictivos a los ocho existentes, entre ellos, los abusos sexuales contra menores tras privarles de libertad o torturarles, los incendios en los que se ponga en peligro la vida de personas, determinados usos de elementos químicos o nucleares con resultado de muerte o aquellos en los que se atenten contra infraestructuras clave.
Tras esta última reunión, el órgano de gobierno de los jueces entra en fase electoral que culminará con los comicios del próximo 21 de marzo.
Hasta ahora, el Consejo ha estado integrado por 6 vocales de la Asociación de Fiscales (AF), mayoritaria y de tinte conservador, 3 de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), de carácter progresista, y 4 vocales natos (Sánchez Melgar, el teniente fiscal del Tribunal Supremo, Luis Manuel Navajas, y el jefe de la Inspección de la Fiscalía, Fausto José Cartagena).