El Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional analizará este viernes el recurso presentado por Hector Albeidis Arboleda, alias ‘El Enfermero’, vinculado a las FARC, contra la decisión de la Sección Segunda que acordó el pasado 27 de octubre entregarle a Colombia por practicar alrededor de 300 abortos forzados en «condiciones infrahumanas» durante el conflicto armado.
También se estudiará el recurso de Diego Gabriel Cruz Alonso, miembro del clan de los ‘Porkys’, acusado de violar a una menor en México, contra una decisión similar adoptada por la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de extraditarle al país donde tuvo lugar la agresión.
Sobre el conocido como ‘El Enfermero’, Colombia reclama a este hombre –con doble nacionalidad colombiana y española– por los delitos de homicidio, aborto forzado, tortura en persona protegida y en concurso y concierto para delinquir agravado, cometidos entre 1998 y 2004 en los departamentos de Antioquia, Risaralda, Caldas y Chocó.
Los magistrados Concepción Espejel, Enrique López y Juan Pablo González apuntan que Albeidis practicó abortos forzados a cerca de 300 mujeres, entre ellas a cientos de integrantes e indígenas de los grupos Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo FARC-EP), Ejército de Liberación Nacional (ELN) y Ejército Revolucionario Guevarista (ERG), así como «terribles padecimientos» físicos, psicológicos y morales.
Además, apuntan que las víctimas fueron objeto de castigo por haber quedado embarazadas, así como de torturas, reclutamiento ilícito, secuestro simple agravado, acceso carnal violento, entre otros.
Los abortos eran realizados «sin anestesia, en condiciones infrahumanas», en camillas de palo sobre la tierra suavizadas con hojas o en cuartos de hotel, «una detrás de otras, sin siquiera limpiar la sangre» de la anterior y practicados por una persona sin «ninguna preparación formal», recuerda el auto.
La sala considera que la entrega a Colombia de ‘El Enfermero’ debe ser efectiva porque «no cabe duda» de que forzó los nacimientos y se «desentendió» de ellos hasta «que dejaron de respirar». Asimismo, la sala afirma que es «incuestionable» y «evidente» que se puso en riesgo la vida de las mujeres.
EL MEXICANO ALEGÓ HABER SUFRIDO AMENAZAS Y EXTORSIONES
Por otro lado, la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional –formado por los magistrados Alfonso Guevara, Clara Bayarri y Ana María Rubio– decidió entregar a Diego Gabriel Cruz Alonso a México, al no dar credibilidad lo manifestado durante la vista oral por el acusado. Según explicó en su uso de la última palabra el miembro de los ‘Porky’ había sufrido amenazas, coacciones y extorsión por parte del padre de la víctima.
Según contó el acusado al tribunal, el familiar de la menor encerró a Cruz Alonso y otros tres amigos, acusados también de ser autores de dicha agresión, en un despacho, donde les amenazó con un arma a grabar una «disculpa de algo que no hicimos».
«Estábamos secuestrados y las salidas estaban bloqueadas», aseguró entre lágrimas el joven de 21 años, al leer un manuscrito en su uso de la última palabra. «Soy 100 por cien inocente de lo que se me acusa, no hay pruebas en contra (…) el padre de la denunciante dijo que estábamos vivos de milagro y que había investigado a nuestras familias durante semanas», añadió durante su declaración.
Asimismo constató que este hombre ya les advirtió que si no le entregaban «cuatro millones», el grupo de amigos iban a ser «demandados sin ningún fundamento».