El Consejo de Ministros dará luz verde este viernes a un real decreto por el que congelará en 645,30 euros mensuales el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), tal y como ha comunicado por carta a los sindicatos, que se han mostrado contrarios a esta decisión.
El SMI se mantendrá en 21,51 euros al día o 645,30 euros al mes y en ningún caso por debajo de los 9.034,20 euros en cómputo anual. Es el segundo ejercicio, tras el de 2012, en que el salario mínimo se congela desde el estallido de la crisis.
El año pasado, experimentó un crecimiento del 0,6%, equivalente al incremento máximo de los salarios pactados en el II Acuerdo para el empleo y la negociación colectiva 2012-2013-2014, firmado el 25 de enero de 2012 por sindicatos y empresarios.
Esta decisión se une a la congelación del Indicador Público de Rentas con Efectos Múltiples (Iprem), índice que se utiliza como referencia para la concesión de becas, ayudas, subvenciones o el subsidio por desempleo, entre otros.
Tal como recogen los Presupuestos Generales del Estado de 2014, el Iprem se mantendrá en 532,51 euros mensuales (6.390,13 euros al año en 12 pagas o 7.455,14 euros al año en 14 pagas). Con la congelación de 2014, el Iprem lleva cuatro años sin modificarse.
Rechazo sindical
Tras conocer la intención del Gobierno, los secretarios de acción sindical de CCOO y UGT, Ramón Górriz y Toni Ferrer respectivamente, han enviado una carta a la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, en la que rechazan su propuesta.
En la misiva, los sindicatos recuerdan que el SMI ha perdido 5,5 puntos de su capacidad adquisitiva en 4 años y se ha ido alejando así del compromiso suscrito por España en la Carta Social Europea de alcanzar el 60% del salario medio.
Además, recuerdan que el SMI español es uno de los más bajos de la UE-15, que bordea el umbral de la pobreza en hogares con un solo miembro y que se sitúa por debajo en hogares compuestos por al menos dos personas.
Los sindicatos reclaman una recuperación progresiva y modulada del poder de compra del SMI y reformar el artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores para evitar que se sigan produciendo pérdidas de poder adquisitivo.
Además, critican lo «acelerado» del proceso de consulta por parte del Gobierno, porque las organizaciones sindicales han recibido este jueves el borrador y tienen que responder antes del viernes a las 9.30 horas, antes de que se apruebe el decreto en Consejo de Ministros.