El funcionario impugnó la resolución del Ayuntamiento de Lleida basada en la ley de la Generalitat de 2006, que recoge permisos de una hora durante nueve meses para dar el biberón a su hijo.
Lo hizo reclamando la aplicación del Estatuto básico del empleado público, que fija un año, según ha informado este jueves UGT, el sindicato que asesoró al trabajador.
En su fundamentación jurídica, el magistrado dice de forma clara que la ley estatal «tiene posición de superioridad dentro de la jerarquía normativa entre normas estatales y de comunidad autónoma», según UGT.
El sindicato argumenta que, en consecuencia, se debe aplicar la normativa estatal de forma preferente a la autonómica «siempre y cuando sea superior, puesto que la norma estatal se configura como norma de derecho necesario y por lo tanto de aplicación directa».