En rueda de prensa, la entidad ha explicado que tras ser desalojados de las naves, situadas en las calles Puigcerdà y Pere IV, 11 de los afectados han decidido presentar un recurso de reposición administrativa contra la decisión del Ministerio de Empleo y Seguridad Social de denegarles los permisos de residencia.
«Técnicamente no hay ninguna duda de que estas personas tienen derecho al permiso de residencia solicitado», ha afirmado el abogado del Colectivo Ronda Carles Perdigueiro, que ha considerado que es una cuestión de voluntad política.
Ha argumentado que, según señala el artículo 127 del reglamento de la Ley de Extranjería, si la regularización obedece a una cuestión de interés público por parte de las administraciones local y autonómica competentes, tienen derecho al permiso de residencia sin la necesidad de presentar un contrato de trabajo.
Desde la Asamblea Solidaria contra los Desalojos, Manel Andreu ha insistido en recordar que hay un «acuerdo verbal» de la Subdelegación del Gobierno hacia este colectivo para facilitarles un permiso de residencia sin la necesidad de tener contrato de trabajo.
«Seguiremos luchando en la lucha de toda persona a tener papeles y vivir con dignidad en este país», ha agregado Andreu.